Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana se conoció en el Congreso de la República el punto resolutivo promovido por el diputado Leonardo Camey del partido Libertad Democrática Renovada, mediante el cual se pretendía solicitar la renuncia de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
De conformidad con la edición electrónica del matutino Prensa Libre, la propuesta de Camey se sustenta en que los Magistrados en cuestión, han tomado decisiones y acciones desmedidas prohibiendo y limitando el ejercicio político en contra del partido al que pertenece el diputado, así como en contra de otros partidos, cuyos congresistas, ni lentos ni perezosos, como los del Partido Patriota, también se sumaron a la iniciativa argumentando frases como “los magistrados del TSE han puesto en riesgo la democracia” o “se debe de defender la institucionalidad de este país”.
Si bien, finalmente el punto resolutivo no fue aprobado ante la desintegración del quórum de la sesión, resulta evidente la desfachatez y el desconocimiento de la ley por parte del promotor y de quienes lo secundaron cuando olvidan que la misma Constitución de la República otorga carácter de ley constitucional a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y es esta misma ley, la que en su artículo 121 determina que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, remarcando, además, que es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado, calificativo que por supuesto también aplica al Congreso de la República.
La posición de los partidos representados en el Congreso no resulta tampoco sorpresiva cuando se observa que desde la toma de posesión del actual TSE los mismos partidos han encontrado, por fin, un ente que ha puesto coto y pena a la desmedida e ilegal campaña anticipada que venían poniendo en práctica, sin que nadie hiciera cumplir la ley para impedirlo.
Seguro, este TSE es un problema para los partidos políticos y la medida del problema se refleja en las acciones que se promueven en su contra, como el ahora comentado intento de exigir la renuncia de los Magistrados que lo conforman o como cuando recientemente el mismo partido político presentó un antejuicio en contra de uno de los Magistrados del TSE, simplemente por haber declarado que se aprestaban a tomar acciones en contra del partido en cuestión por la campaña anticipada que a su juicio ha mantenido, sin que exista convocatoria previa a elecciones generales.
Estimo que es deber de todos Nosotros los ciudadanos manifestarnos en apoyo de las instituciones que quieren promover el cumplimiento de la ley y a mi juicio este es el caso.
