Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Siguiendo la lógica de sus “brillantes” resoluciones, ayer el Presidente de la Corte de Constitucionalidad hizo un llamado para que se revise la Constitución y se modifiquen las normas legales que rigen el proceso de conformación del poder judicial. En el marco legal, esa revisión y reforma es de la competencia exclusiva del Congreso de la República compuesto por diputados que postulan los partidos políticos y todos sabemos que partidos y diputados son parte de la cooptación del sistema y por lo tanto pedirles que arreglen el sistema es como querer amarrar los chuchos con longanizas.
Y es que hace rato que vengo diciendo que estamos realmente jodidos porque todo proceso de reforma institucional tiene que pasar, legalmente, por el Congreso de la República y ya sabemos que allí los votos tienen precio y únicamente se podría esperar cambios para incrementar el poder de los poderes ocultos y de los mismos políticos que son los que le sacan mayor raja a este descalabro institucional que tenemos.
Por supuesto que se puede hablar de la participación ciudadana, de la presión pública para forzar a los diputados a que asuman su responsabilidad histórica para hacer cambios estructurales que el país necesita, pero hemos visto cómo a los grupos que actúan de manera firme se los pasan por el arco del triunfo como hizo la misma Corte de Constitucionalidad ante las probadas mañoserías que hubo en la conformación de las postulaciones para elegir a los magistrados de Sala y de la Corte Suprema de Justicia.
El callejón no tiene salida, porque todos, hasta Molina Barreto, entienden el colapso del sistema y hablan de la necesidad de reformarlo, pero tenemos que entender lo que eso significa, ya que es imposible que con los actuales diputados se pueda lograr un nuevo modelo que apunte a fortalecer la independencia de los poderes del Estado si ya sabemos que todos los Gudys Rivera necesitan para subsistir la existencia de por lo menos ocho magistrados manejables que hagan mayoría en la Corte Suprema de Justicia para garantizar que la inmunidad se convierta en garantía absoluta de impunidad.
Y si hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente, la misma sería integrada por los candidatos postulados por nuestros partidos políticos actuales, es decir esos que hicieron los pactos para elegir a los magistrados que han de tomar posesión y que nunca pensaron en el país sino únicamente en sus propios intereses.
¿Cree usted, ciudadano, que podemos esperar que los partidos y sus diputados puedan producir una reforma que termine con los vicios que han desvirtuado nuestra democracia e institucionalidad? Yo, al menos, no me hago ilusiones y creo que la declaración de Molina Barreto es una muestra más del cinismo de quienes forman parte de ese juego político que tiene cerrado el horizonte de la Patria porque en nombre de la legalidad se amparan las peores barrabasadas.
Un Congreso como el nuestro, investido con poderes constituyentes para modificar la Constitución, terminaría de labrar la estaca en la que ya mantienen sentado a todo un pueblo que aguanta a más no poder.
