Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El tema de la impunidad está íntimamente ligado con el de la integración de todo el sistema de justicia en el país y para muestra nada mejor que analizar dos casos que podríamos considerar ilustrativos de cómo se produce el tráfico de influencias para garantizar que los allegados al poder no tienen que temerle a consecuencias legales de ninguna naturaleza. Si eso ocurre hoy, con estas autoridades judiciales, debemos poner nuestra barba en remojo ante lo que se nos viene si, como se afirma en voz baja en distintos corrillos, la CC está por mandar al chorizo todas las impugnaciones al proceso de conformación de las cortes.
Se trata de los casos del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y del diputado Gudy Rivera, puesto que ambos han sido beneficiados por una autoridad judicial complaciente que no permite que se les procese y, por lo tanto, no permite ni siquiera que se recaben pruebas de la comisión de delitos. Los entes de investigación no pueden ir más allá de donde llegaron inicialmente porque la inmunidad impide que se pueda poner en marcha un proceso serio para determinar si hubo o no delitos.
Medrano ha ido “solventando” uno a uno todos los casos que se armaron en su contra y eso se explica fácilmente porque la suya es una plaza fundamental para cualquier partido político que quiera tener opciones en las elecciones generales. El alcalde de Chinautla es un verdadero cacique que opera políticamente en busca de su propio beneficio y sin lealtades firmes con ningún partido político, de cuenta que todos saben que lo pueden tener entre la bolsa si dan los pasos correctos y se presentan con posibilidades, lo que hace que el estamento político nacional esté interesado en mantenerlo en esa posición y por lo tanto la inmunidad que la ley le otorga se convierte en garantía de impunidad porque los encargados de hacer pesquisas para determinar si ha lugar o no a la formación de causa, es decir a iniciarle proceso, terminan cerrando las puertas de un porrazo.
Y lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia con Gudy Rivera. No obstante que quien le acompañó en la reunión para transar con la magistrada Escobar una judicatura a cambio de que se otorgara amparo a la Vicepresidenta Baldetti ya está sometido a proceso, en el caso de Rivera el voto de los magistrados más afines al gobierno, que conforman un grupo poderoso y mayoritario en el pleno, decidieron declarar sin lugar la acción de antejuicio en su contra y por lo tanto Rivera, a diferencia de su amigo abogado, no tendrá que enfrentar ningún proceso y tampoco se puede ahondar más en la investigación sobre el tráfico de influencias.
Se ve, pues, que ya no hay interés ni por taparle el ojo al macho porque con todo descaro se demuestra para qué se eligen los magistrados de Salas y de Corte Suprema, quienes tienen el encargo de cuidar a los poderosos, de mantener el sistema de privilegios que asegura la impunidad. Y si así estamos en las vísperas, esperemos a ver cómo nos va en las nuevas fiestas.
