Eduardo Villatoro
A los diarios impresos, radiales y televisivos, en alguna medida, ya sea examinándolos con objetividad o evaluándolos empíricamente a la luz del contenido de su línea editorial y apreciándoles desde la óptica de la importancia o dimensión que le concedan a las informaciones de los acontecimientos que ocurren cotidianamente y de la resonancia que le asignen a declaraciones que expresan sujetos que lideran indeterminada institución u organización de cualquier índole, se les puede ubicar su posición ideológica, aunque esos medios de comunicación social se autodefinan ajenos a doctrinas ajenas de cualquier naturaleza.
De similar manera, los periodistas de opinión y las personas que no habiendo ejercido el periodismo como actividad central de su forma de vida y que publican columnas eventual o periódicamente, dedicándose a labores propias de su profesión u oficio, suelen hacer gala que no están bajo el paraguas de ninguna empresa del sector privado ni dependencia estatal, menos que se inclinen por alguna colectividad política ni defienden mezquinos intereses.
Desde esta fugaz perspectiva, los órganos informativos y redactores de hechos o sucesos que devienen en noticias, al igual que quienes expresamos nuestras ideas en las secciones de opinión, básicamente nos amparamos en el artículo 35 de la Constitución Política que garantiza que es libre la misión del pensamiento, nos aferramos a otras normas constitucionales, invocamos la Ley de Emisión del Pensamiento y acudimos a convenios internacionales sobre la materia de los cuales el Estado de Guatemala es signatario.
En este contexto, personas individuales o jurídicas se consideran agraviadas por informaciones manipuladas o sesgadas deliberadamente de algún medio, u opiniones de articulistas que rayan en el insulto hacia grupos de individuos o comunidades que comparten su origen étnico o clase social.
Un caso notorio más reciente es el del columnista (¿?) Martín Banús, colaborador de este vespertino, cuyos editores le abrieron generosamente las puertas para ocupar un espacio de opinión, quien publicó un texto decididamente racista, al peor estilo de otros guatemaltecos y extranjeros que también publican artículos en otros diarios y desde los cuales menosprecian a compatriotas, especialmente mujeres, que en el marco que la misma Constitución establece, se alzan en defensa de sus derechos históricamente ignorados y que no obstante algunos avances que se han alcanzado, basados en sus incansables luchas y apoyados por periodistas a quienes aquellos articulistas nos califican de comunistas, populistas o chavistas, continúan siendo víctimas de la exclusión, la explotación y el oprobio.
(Con el caitudo Romualdo Tishudo apoyamos a la familia Uz Álvarez en su réplica, sólidamente argumentada, al infame texto de Banús).
