Félix Loarca Guzmán
La decisión de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, de revocar el Acuerdo mediante el cual habían aprobado un aumento entre 13 y 15 mil quetzales mensuales para sus gastos de representación, constituye una oportuna rectificación en medio de una avalancha de críticas, algunas muy agrias, de diferentes sectores de la sociedad, dado que las finanzas del Estado se encuentran en un período de vacas flacas.
Aunque la anulación de la medida representa una acción encomiable, hay que reconocer que la misma causó un desgaste innecesario, poniendo en entredicho la credibilidad de esa institución, que en el pasado reciente fue un ejemplo de rectitud y transparencia.
Parece que hubiera sido ayer, cuando el Tribunal Supremo Electoral era presidido por el destacado jurista don Arturo Herbruger Asturias y posteriormente por el licenciado Roberto Guerra Roldán.
En ambos períodos, los Magistrados Presidentes, consolidaron la percepción a nivel de opinión pública, sobre que el Tribunal estaba en buenas manos y que constituía una garantía de pureza e imparcialidad para el desarrollo de los eventos electorales.
Sin embargo, toda esa aureola de prestigio y alta confianza, comenzó a declinar en los últimos años por las vacilaciones y falta de firmeza de algunos de los Magistrados frente a muchas irregularidades de los partidos políticos.
El intento de los Magistrados de recetarse el aumento de sus ingresos, cayó como un balde de agua fría sobre la espalda de los guatemaltecos, ya que nuestro país no está en condiciones de seguir despilfarrando el dinero en gastos que no son esenciales, en un momento en que los hospitales nacionales se encuentran afrontando su peor crisis, por la carencia de insumos básicos para atender a los enfermos.
Desde antes que los Magistrados aprobaran el incremento, se agudizó el deterioro de la imagen del TSE, en el contexto de una serie de versiones sobre que ese Tribunal podría estar siendo penetrado por una corriente ligada a sectores comprometidos con el oficialismo, buscando garantizar una plataforma de independencia condicionada y de impunidad, con vistas a las próximas elecciones generales, en las que el partido de gobierno pretende “ganar”, a pesar del rechazo generalizado de amplios sectores de la población.
