María Eugenia Mijangos Martínez
En nuestra Constitución política, se asienta en el Artículo 140.- Estado de Guatemala, que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, y que su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.
Republicano significa que tenemos un sistema político caracterizado por basarse en la representación de toda su estructura mediante el derecho a voto. El electorado constituye la raíz última de su legitimidad y soberanía.
Democrático, como sabemos, la palabra democracia se origina del griego y se forma al combinar los vocablos demos que significa “pueblo”) y kratós que es “poder” y “gobierno”), este significado se comenzó a utilizar en el siglo V a.C., en Atenas, gobierno “de la multitud” para Platón o “de la mayoría” para Aristóteles.
Y finalmente la noción de representativo, que es una de las posibles variantes de la democracia, en la cual el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Las autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía.
Actualmente se entiende como democracia, un sistema de organización política, en el que el poder no radica en una sola persona, sino está distribuido entre todos los ciudadanos, y las decisiones se toman según la opinión de la mayoría, lo que recoge nuestro texto fundamental en el Artículo 141.- Soberanía: La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida; de tal forma que debemos siempre aspirar a construirla colectivamente y defenderla.
Reconociendo lo difícil de alcanzar de esta noción, deberíamos por lo menos tratar de contribuir con nuestro esfuerzo a contar con un sistema de gobierno en el cual las principales instituciones y poderes sean medianamente capaces de responder a las necesidades básicas de la población, lo que tendría un efecto inmediato en el desarrollo socio económico y democrático del país.
En una democracia, hay un conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente, con premisas básicas de respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. Una democracia tiene una estructura horizontal porque el pueblo tiene el poder, aunque a simple vista sea gobernado por una persona política.
También la podemos reconocer como aquella forma de gobierno y de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante y los y las ciudadanas seleccionan a sus representantes. Se entiende como una opción de alcance social, donde de acuerdo al marco constitucional definido todos los ciudadanos estos gozan de libertad y poseen los mismos derechos, y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
También se entiende como sistema de organización, que adopta formas variadas, en el que las personas que la integran tienen la posibilidad de influir abiertamente y de manera legal sobre el proceso de toma de decisiones, y finalmente también la podemos entender como una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
En tanto las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se trata de democracia directa o pura; indirecta o representativa, es la que modernamente predomina, y es cuando se toman las decisiones por personas a los que el pueblo reconoce como sus representantes legítimos, las cuales son elegidos a través de un sufragio por todos los ciudadanos; y participativa cuando se han desarrollado condiciones tales que los ciudadanos están organizados para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas.
Generalmente la democracia en muchos países con menor desarrollo político es representativa, presidencialista con un poder ejecutivo con una cabeza bien definida, como es el caso de las repúblicas con el presidente, y su gabinete.
El sistema parlamentario en muchos países, es el que tiene la responsabilidad de guiar las acciones de gobierno, y el presidente tiene poderes restringidos, en los sistemas de colegiados, que es una combinación entre sistemas parlamentarios y presidencialistas, el poder ejecutivo lo integran varias personas escogidas por el parlamento o congreso, las cuales van turnándose el cargo de presidentes.
Analizando la acepción de democracia participativa, nos damos cuenta que en Guatemala, distamos mucho de acercarnos a este ideal democrático, en nuestra cultura, probablemente como herencia de la etapa colonial, de los gobiernos autoritarios y de la guerra interna, una parte considerable de la población añora al gobernante rígido y verticalista que logrará poner orden y hacer que desaparezcan nuestros males.
Estas nociones verticalistas, machistas y autoritarias, son precisamente lo que no conviene para la evolución democrática de Guatemala.
Sin embargo perviven y se reproducen cotidianamente en los distintos ámbitos de poder, públicos y privados, herencia del pater familaes del derecho romano, que no nos ha abandonado, y lo podemos advertir cuando escuchamos, expresiones tales como: “es una aguado, todo lo quiere arreglar dialogando”, “no tiene pantalones”, las cuales reflejan el enraizamiento en nuestra cultura de lo que han denominado “la nostalgia del caudillo”.
Porque resulta más cómodo dejar el esfuerzo individual por ser democrático y resolver las cuestiones de administración del poder, a base de órdenes, desde un pequeño círculo de allegados y sin buscar consensos, lo cual no desafía la cultura imperante que ya describí.
Actualmente asistimos a lo que se ha denominado una crisis institucional, en la cual las principales instituciones de nuestro sistema político y de gobierno, están siendo cuestionadas fuertemente y donde cada día nos espera una revelación de los mecanismos que podemos calificar de perversos, y a través de los cuales se sostiene desde hace décadas nuestra débil gobernabilidad.
Afortunadamente también asistimos a un reclamo cada vez mayor de la sociedad en su conjunto y al desarrollo de acciones ciudadanas inéditas, individuales o colectivas que demuestran una ciudadanía activa de parte de los jóvenes, de funcionarios y de diversos espacios de sociedad civil.
Toda crisis puede aprovecharse para mejorar, tenemos la oportunidad de señalar y tratar de invalidar estas acciones o rescataras y valorarlas, puesto que responden a la esencia de dos valores democráticos: el ejercicio de la libertad de un Estado democrático, ya sean de tipo individual, en la cual se está ejerciendo el derecho del ser humano para obrar por sí mismo con total derecho a decidir por sobre sus actos, siempre y cuando su deseo no vaya en contra de las leyes y la igualdad que asegura que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades y los mismos deberes frente a la ley.
Es la hora en que vamos a conocer al verdadero político democrático, a los y las ciudadanas dignas, al funcionario que decide ejercer el poder en forma legal, independiente y transparente y no de forma concentrada, arbitraria y supeditada a otros intereses, lo que le da la oportunidad de crecer moralmente y no envilecerse.
