Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El Estado de Guatemala necesita recursos para el cumplimiento de sus fines y eso es una verdad tan absoluta como que la ausencia de controles fomenta la corrupción y que se dilapiden los escasos fondos disponibles para atender las necesidades de la población. El mayor argumento que hay para oponerse a fortalecer las finanzas nacionales estriba, precisamente, en la deficiente calidad del gasto público que termina siendo una fuente de enriquecimiento, no sólo ilícito sino burdamente ostentoso, de muchos de los servidores públicos. Si los empleados menores ven que sus jefes se forran con dinero del erario, tratarán de hacer su cacha y por eso mientras un ministro de Salud se roba millones en arreglos con los vendedores de medicinas, el personal de los hospitales se clava lo que encuentran al parado porque así está hecho el sistema.
Hoy el gobierno está librando una batalla para la aprobación de los bonos y recurre a desprestigiados dirigentes gremiales para hacer presión a un también desprestigiado Congreso en donde hay bancadas que, al ver al PP con la soga al cuello, quieren apretarla porque entienden el impacto electoral que tendría la falta de liquidez para cubrir las necesidades más elementales, entre ellas el pago de sueldos o aguinaldos.
En vez de recurrir a esa forma deleznable de presión, el gobierno tendría que hacer un esfuerzo por lanzar un pacto por la más absoluta y verdadera transparencia, muy distinta al remedo que con más bulla que resultados hace la Vicepresidenta en este tema. Porque la oficina que dirigen allegados a la señora Baldetti termina siendo una burla al pueblo y la ciudadanía así lo percibe, de donde tiene que ser el Presidente quien asuma la negociación para estructurar un pacto que nos permita a todos tener claridad sobre el destino que pueda darse a los fondos públicos.
A estas alturas, por ejemplo, se debió ya esclarecer el tema de la deuda flotante y su ilegalidad, además de la más profunda inmoralidad que entraña. Y es que si bien tenemos que admitir que un Estado como el de Guatemala, con tantas carencias y debilidades requiere más recursos para apoyar la lucha contra la pobreza y mejorar las condicione de vida de la población invirtiendo en el desarrollo social, también requiere de mayor transparencia en el manejo de los recursos para que el ciudadano pueda tener, al menos, la confianza y certeza de que los aportes serán bien administrados y no terminarán en ostentosas fincas y pertenencias de los políticos.
Aun sabiendo que los bonos son un malísimo negocio porque resulta un financiamiento caro, se convierten en la única salida a la crisis actual, pero al menos debe aprovecharse el momento para provocar un entendido nacional a favor de la transparencia. Sería un acto de consecuencia, además de un acto de audacia y compromiso, el que el Presidente asumiera la postura de abrir a la auditoría social el manejo de los recursos adicionales que ahora necesita. Y empezar diciendo en que se gastará, centavo a centavo, el producto de unos bonos que, por caros, deben ser bien utilizados, con el agregado de que el PP no terminará tapando a sus pares como se hace ahora con la diputada Mazariegos.
