Luis Fernández Molina
En los años 60 y 70 y aún en los 80 eran comunes los golpes de Estado en Latinoamérica. Algunos gobiernos extranjeros emitían alguna condena pero terminaban reconociendo al régimen golpista; otros no dejaban de expresar una mal disimulada complacencia. Los escenarios han cambiado pues hoy día es impensable cualquier asonada. Se vendría de inmediato la sanción y el aislamiento internacional. Se entiende así un claro respaldo, pero no al gobierno derrocado sino que es un respaldo a la institucionalidad. Esa oposición internacional no debe entenderse como un respaldo ilimitado a los gobiernos de turno. ¡Nada que ver! Los países amigos (sobre todo los USA y europeos) conocen perfectamente acerca de la corrupción, el desgobierno, enriquecimiento de funcionarios, derroche de fondos públicos, irrespeto a derechos humanos, etc. de los gobiernos. No tutelan pues a esos gobernantes, pero sí respaldan la institucionalidad, el orden formal. ¿Por qué? Porque suponen que aunque sea con muchos defectos en el manejo público, de alguna manera vamos ir consolidando un orden que, algún día, habrá de conducirnos a la instalación de un verdadero Estado de derecho. Es nuestro orden institucional. Nuestra casa de madera.
Lo anterior se puede aplicar en menor escala al orden formal que establece nuestra Carta Magna respecto de los períodos constitucionales. Nadie ha dicho que los sistemas de selección de magistrados, como tampoco la elección del Presidente o diputados o el nombramiento de funcionarios, son perfectos, transparentes y efectivos. Pero es lo que tenemos y de alguna forma iremos esculpiendo un orden más transparente.
Hay muchos otros aspectos que deben tomarse en consideración en caso, casi impensable, que se anulara el proceso. Las circunstancias de esta elección de 2014 son virtualmente las mismas de la elección de 2009. Por lo tanto si se anularan las actuales por: a) negociaciones oscuras en el Congreso; b) por no tomar en cuenta la capacidad e idoneidad; c) por no adecuarse a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), entonces sería igualmente nulo el proceso de 2009. Si se determina un error hay que entender que el error no es fuente de Derecho como tampoco la costumbre o práctica en contrario. Lloverían las impugnaciones ya que todo lo actuado por la Corte y las Salas podrían ser cuestionadas. Adicionalmente la anulación sería la opinión de ESTA Corte de Constitucionalidad pero la nueva CC que tomará posesión en 16 meses puede tener un criterio diferente. Por cierto no quiero ni pensar en la colosal lucha que se va a desarrollar cuando se integre esa nueva CC. Allí van a chocar apocalípticamente todas las corrientes de poder.
La política atrae como los agujeros negros del universo a todas las instituciones; la propia CC no es ajena a esa fuerza gravitacional. Muchas pugnas e impugnaciones han sido comunes para su integración; en la Usac (si el elector estaba o no facultado, o si la elección en esa Facultad se hizo en orden); muy parecidos los señalamientos del Colegio de Abogados (propaganda, compra de votos, influencias de grupos de poder); no se diga de la designación acordada en el Congreso (obligadamente con convenios) y aún se generan discusiones y acuerdos en la CSJ; y por antonomasia la decisión del Presidente es política. En conclusión, estamos inmersos en un sistema planetario de marcada impronta política. Es algo que tenemos que corregir.
