Eduardo Villatoro
Resulta ser una expresión muy gastada esa de repetir con insistencia que Guatemala “es un país de contrates”, que suelen reiterar promotores turísticos, como si fuera algo excepcional, puesto que es rara la nación que no presente contradicciones sociales, económicas, geográficas o de otra naturaleza.
Traigo a cuenta esa breve introducción para referirme a dos acontecimientos de índole judicial con sobrados ribetes políticos que han acaecido recientemente o que ocurren durante estos días y que la mayoría de mis contados lectores estarán enterados a causa de la difusión que han provocado.
En primer lugar, de no tratarse de un asunto de suma importancia para el debido proceso, provocaría cáusticas sonrisas y regocijantes bromas la absurda decisión del diputado Godofredo Rivera de plantear un amparo tendiente que se despoje de la figura del antejuicio a la doctora Claudia Escobar, la magistrada que, precisamente, denunció públicamente a ese congresista del partido oficial de haber pretendido sobornarla o chantajearla para que contara con el apoyo de la bancada oficial en sus legítimas pretensiones de ser reelegida, a cambio de emitir un fallo que, en su momento, favoreció a la vicepresidenta Baldetti, pero que la jurista no respaldó.
La conducta de la magistrada Escobar fue elogiada por abogados litigantes, analistas, editorialistas y grupos de la sociedad civil, y provocó que la Corte de Constitucionalidad anulara provisionalmente la elección en el Congreso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, mientras que el Ministerio Público ha presentado denuncias contra el diputado Rivera.
Sin ningún válido argumento, este político, al quedar en ridículo vergonzante y sin recursos jurídicos, mañosamente contraatacó sin contar con asideros legales; al igual que el exministro de Salud Jorge Villavicencio, quien, luego de haber sido destituido por el presidente Pérez Molina y tras ser acusado por el MP de varios delitos en el ejercicio de su cargo, incluyendo desfalcos por Q417 millones, en vano esfuerzo de lavarse la cara, presentó un frívolo recurso de exhibición personal, tal como si fuera perseguido políticamente por quien, cabalmente, lo defendió ardorosamente al designarlo para el cargo del que fue echado y al que arribó en medio de un tormentoso aguacero de críticas por su nebuloso pasado de director del hospital Roosevelt y carecer del finiquito indispensable.
Parecieran raras paradojas judiciales y con ingredientes políticos; pero forma parte del folclore chapín, derivado en sainetes en los se busca burlar a la justicia.
(El leguleyo Romualdo Tishudo le aclara a cierto ilustre diputado que el célebre “finiquito” no tiene parentesco con el Fisiquín, aunque en un momento podrían coincidir).
