Roberto Arias

La magistrada, doctora Claudia Escobar, como ya se mencionó en esta columna, denunció ante la CICIG y los tribunales locales, por primera vez, a un diputado del partido oficial por insistir en realizar una reunión con ella, con la obvia finalidad de presionarla para obtener un dictamen jurídico reñido con la ley, como ocurre constantemente en los ámbitos del tráfico de influencias, que es parte de la corrupción local y que no permite que el país se desarrolle, porque obstruye la eficiencia y la eficacia de la justicia.
El presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No debe interferir en los asuntos que surjan dentro de los organismos Legislativo y Judicial y, también tiene prohibido realizar proselitismo dentro de partido político alguno.
Sin embargo, con una sola acción, Otto Pérez saltó todas esas trancas constitucionales, con el fin de defender a un político conocido ampliamente en corrillos legislativos como un taimado.
Lo peor del caso es que el diputado fue a presionar a una magistrada del Organismo Judicial de la República de Guatemala con el fin de intentar amortiguar la ilegalidad de la vicepresidente Roxana Baldetti, a quien los magistrados del Tribunal Supremo Electoral suspendieron como Secretaria General del Partido Patriota, por ser esto… ¡inconstitucional!
Según el matutino local, elPeriódico, Otto Pérez defendiendo al diputado dijo: “Gudy le pidió que analizaran y conocieran a fondo (el amparo planteado por el PP), porque tanto al partido como a la Secretaria General se les había vedado el derecho de defensa. No fueron citados. No fueron escuchados. Sencillamente vino el organismo encargado y dictaminó que había que suspender al partido oficial”, explicó Pérez Molina a su entrevistador…”
El puesto del Presidente de la República no es para meterse en intrigas de baja estofa ante los medios de comunicación. Su función es mantener la unidad de la Nación. En el caso que nos ocupa, lector amigo, el presidente defiende y justifica inconstitucionalidades y delitos cometidos por el partido político que lo llevó al poder; a su compañera de mandato, Baldetti, quien presentó a su “fisiquín” como candidato presidencial antes del tiempo estipulado por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que fue sancionado el Partido y; a “Gudy” Rivera, diputado al Congreso de la República conocido en amplios corrillos como una persona que causa desconfianza por su aspecto y por su moral, quien utilizando tráfico de influencias, presionó a la magistrada Claudia Escobar para que dictaminara a favor de Baldetti, en su afán de constituirse como Secretaria General del Partido Patriota, pisoteando la Constitución Política.
En un país de gente consciente de su realidad, Otto Pérez Molina y sus defendidos ya estarían fuera de su ejercicio; si no recuerde usted al ex presidente de los EE. UU. Bill Clinton, a quien sólo por tener una amante dentro de la Casa Blanca, por poquito le cuesta el chance… sin cometer estas inconstitucionalidades.

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