Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Las eternas discusiones sobre la aprobación del presupuesto se vuelven repetitivas en Guatemala porque los factores siempre presentes son un gasto mucho mayor a los ingresos fiscales, el manejo corrupto de los fondos públicos, la ausencia de una política tributaria coherente con las necesidades del país y la irresponsable actitud tanto de las autoridades y técnicos de Finanzas que hacen las cuentas del gran pescador y de los diputados que tratan de sacar provecho personal de la aprobación de ese instrumento financiero indispensable para una adecuada programación del gasto.
Entendiendo la realidad social de Guatemala y nuestras grandes carencias, el elevado monto del presupuesto siempre se podrá justificar plenamente, pero sin recursos para financiarlo estamos frente a la primera gran contradicción. Y es que somos un país en el que existe un nivel de economía informal tremendo que hace que buena parte de la actividad económica ocurra de manera subterránea y sin que pague los correspondientes tributos. Una de las razones por las que otros países han dado avances importantes en su crecimiento económico y desarrollo social es precisamente el esfuerzo para formalizar la economía asegurando a los actores económicos que tendrán ventajas si deciden formalizarse.
Pero, por otro lado, si entendemos la forma en que se dilapida el dinero destinado al gasto público, también veremos que no hay recurso que alcance y, lo peor, que los pocos recursos van a parar al bolsillo de unos cuantos en vez de servir para impulsar políticas de desarrollo que tanta falta nos hacen. Quienes se oponen al pago de impuestos se justifican diciendo que aquí todo se lo roban, y eso es cierto, pero las cosas pasan porque los ciudadanos dejamos que pasen y cada cuatro años investimos a una nueva pandilla que se hará cargo de esquilmar al país.
A estas alturas del gobierno es imposible pretender que se remedien los grandes problemas presupuestarios que tenemos y lo único que queda es poner candados a un presupuesto que tiene, por fuerza, que ajustarse lo más posible al monto de los ingresos fiscales para no caer en la generación de una deuda que terminará siendo impagable en el ritmo que llevamos y que no se traduce en mejora de nuestra capacidad de crecimiento basado en un desarrollo sostenible.
Pero lo que salió de Finanzas tiene poco margen para ser mejorado y lo más que permite será uno que otro chapuz. Y podemos asegurar que lo que saldrá del Congreso será peor, porque ya llevará la cuota que se asigna cada diputado para “hacer obra” en sus distritos, lo que equivale a decir que sus empresas o empresas de sus socios se hagan cargo de administrar los proyectos.
En el horizonte político, sin embargo, no hay debate siquiera sobre el futuro presupuestario del país y sobre la forma en que se pueden financiar proyectos. Nadie habla de impuestos porque es impopular y nadie de mejorar la calidad del gasto porque la población, desgraciadamente, no lo reclama ni hace de la transparencia su mayor exigencia a la hora de juzgar a los políticos.
