Durante años hemos venido planteando el riesgoso camino que ha tomado el país debido al diseño de un Estado que empuja a las instituciones a perder su fortaleza y a ceder su poder para que sean individuos o grupos mafiosos quienes asuman el rol de importancia para hacer o dejar de hacer el trabajo que corresponde.
Y es eso lo que termina asegurando la impunidad, pero también lo que genera el paraíso para cometer saqueos, para hacer millonarios contratos y adquisiciones sobrevaloradas, etc., que terminan maniatando cualquier intento por hacer que se refleje en el ciudadano el beneficio que pueda proveer el Estado.
Ahora tenemos un caso en los medios de comunicación porque durante mucho tiempo se publicaron y se cuestionaron procedimientos en el Ministerio de Salud y Asistencia Social en el que la asignación de contratos a las ONG y la compra de medicamentos ha sido siempre una fuente muy discutida por la falta de fiscalización que ha terminado en la ya sabida y permanente sobrevaloración de los productos más la firma de contratos que nunca se ejecutan pero se cobran al centavo.
Estos procesos no empezaron con el acusado, Jorge Villavicencio, ni terminarán con él. Pero lo que más nos llama la atención es que parece que el exministro ha querido que su caso se ventile en los medios de comunicación mientras tiene acusaciones de cientos de millones de quetzales ante el Ministerio Público.
Nuestra pregunta es ¿dónde han estado las instancias durante todo este tiempo? ¿Por qué tuvimos que esperar a que alguien en el Ejecutivo se hartara o encontrara un mejor socio que Villavicencio para tomar acciones? Evidentemente, no se puede decir que de todo lo que se le acusa a Villavicencio puede haber sucedido de la noche a la mañana por lo que nuestras preguntas, que no encontrarán respuestas lógicas, nos vienen a ratificar que la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el mismo Ministerio Público puede que sean absolutamente incapaces para identificar la corrupción o que sean completamente cómplices del silencio ante el saqueo. Lastimosamente, nosotros creemos más en la segunda opción.
La debilidad institucional del Estado ha sido diseñada con intención para que se proteja el resultado de los negocios oscuros a partir del gobierno. Durante décadas, los dueños de dichos beneficios son los que han tejido ese control que incluye el dominio de las cortes y las instancias de verificación por medio de un Congreso que es el monumento al tráfico de influencias y la negociación bajo la mesa. Y este caso es un ejemplo porque, si no hubiera habido pleito, Villavicencio seguiría sentado en la silla.
