Conforme va pasando el tiempo, se sigue discutiendo sobre la prolongación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y, evidentemente, nos queda la sensación que la conveniencia para algunos sectores del entorno del poder está en que no se dé una prórroga que pueda mantener abierta una entidad que con el empeño de derribar el muro de impunidad, tendría que entrarle al tema de la corrupción.
Si algo nos ha dejado la presencia de la CICIG en nuestro país hasta el día de hoy es una imagen clara de qué tan copadas y podridas están las instituciones que deberían estar al servicio del ciudadano pero que, por el contrario, terminan siendo el aparato generador de millonarios en un país que produce pobreza y violencia.
Cuando hace unos años se discutía sobre el establecimiento de la entidad, se llegó a un entendido generalizado de que existía esa impunidad, la que aun siendo una figura tan difícil de explicar, es el monstruo que mantiene secuestrada la institucionalidad del país para que no se persiga a quienes se sirven de las prácticas de la corrupción. Un país sin aplicación de la ley, es el lugar perfecto para saquear el erario. Se sabe que hay que librar esa batalla y las diferencias son entre quienes creemos que necesitamos ayuda y quienes piensan que podemos solos.
Lamentablemente, no deberíamos tener dudas de que por nuestra cuenta no logramos avanzar en un tema en el que la experiencia nos ha demostrado que el nivel de control que se tiene de las instituciones de justicia es mucho peor de lo que en un principio se había considerado.
Es necesario que se realice una discusión formal sobre la situación del país y las herramientas con que podemos enfrentar los serios problemas que tenemos al frente. Al día, estamos en una situación financiera crítica mientras no hay poder que haga que se castigue a quienes se siguen aprovechando de las instancias de poder para hacer sus negocios y enriquecerse sin la más mínima auditoría.
Para nadie será un secreto que esa discusión nos tiene que plantear un panorama muy complicado del que se podrá salir únicamente con la determinada participación de la sociedad en general y nos daremos cuenta que el cascarón institucional guatemalteco no cuenta con los más básicos recursos para empezar, al menos, en el sector de la justicia a rendir los frutos que tanta falta nos hacen. Es necesaria esa discusión para que de una vez por todas terminemos de quitarnos esa falsa idea de que ya estamos listos para enderezar el rumbo porque no hay una sola señal que diga que hemos avanzado en esa línea.
