Jorge Mario Andrino Grotewold
Por mandato constitucional, tanto la educación como la salud deben ser servicios prestados de forma gratuita y con calidad, dirigidos a la población sin discriminación alguna. Por ende tan importante técnica, sustantiva y presupuestariamente los Ministerios de cada uno de estos derechos. Sin embargo, la situación actual se ha convertido en una terrible desilusión para cada guatemalteco, que en cuanto a la salud, muere por ausencia de medicina, no tener acceso a un Centro de Salud o bien no contar con personal especializado para detectar, prevenir o curar enfermedades simples o complicadas.
Con la educación es inclusive más difícil, puesto que los niveles de incidencia negativa no se detectan con tanta facilidad como con la salud, pero la prospectiva de los efectos para la sociedad, son extraordinariamente graves, al extremo que pareciera ser una gran enfermedad el analfabetismo o la ausencia de educación y/o valores, especialmente para la población de niños y adolescentes que se convierten gracias a este abandono, en un peligro para la seguridad pública.
Por ello, el Estado ha permitido, incentivado y promovido la creación de Organizaciones no Gubernamentales que se sostienen del erario nacional, para suplir una función que de por sí es obligatoria para los ministerios de Salud y Educación. Pero los procedimientos de acreditamiento o autorización para operar, no sólo dependen de las propias capacidades de estas organizaciones sociales, sino también de los requerimientos del Estado y la sociedad para cumplirlos, en donde aspectos como la incidencia territorial, geográfica, cultural, y tantas otras más son obligatorios, en un deber ser.
Pero es no grato pensar que cada año aparecen nuevas organizaciones, atendiendo a la gran necesidad que existe en el país, y las cuales solicitan asignación temática por enfermedad, o localización territorial de funcionamiento –además del presupuesto correspondiente– para poder operar en sustitución de las capacidades de ambos Ministerios. Procedimentalmente se suscribe un convenio que documentó las obligaciones y derechos de ambas partes, dejando a la población a educar o sanar, como beneficiarios. Esta constante evidencia una notoria incapacidad de los Ministerios para operar con efectividad su mandato de brindar educación y salud, sustituyéndose en dicha responsabilidad en Organizaciones no Gubernamentales que algunas veces son cuestionadas por la administración de esa responsabilidad, sus resultados a nivel de la población e inclusive de entrar en comparsas con funcionarios públicos, como las recientes denuncias presentadas contra el exministro de Salud.
Y sin embargo, otros ejemplos, especialmente en materia de educación, han sido una bocanada de oxígeno para aliviar las deficiencias de una niñez a la que no es posible llegar de la forma tradicional, y ahora dentro del proceso de desfinanciamiento de las Instituciones Públicas, sufren para sostenerse o bien para cumplir con los requerimientos que ya la población les exige o les reconoce como intermediarios del Estado.
La responsabilidad de seleccionar, supervisar, evaluar y apoyar a estas dependencias privadas que absorben parte de la responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, sigue correspondiendo al Estado; y el fracaso o éxito de estas entidades, también es compartido, por lo que la exigencia debe ser completa, con tal de garantizar el cumplimiento de los derechos de cada persona.
