Carlos Figueroa Ibarra

El motivo del arresto de los pobladores de Chalchihuapan estriba en el enfrentamiento violento que la población tuvo con las fuerzas policíacas el 9 de julio. La población protestaba porque el gobierno les había quitado el registro civil, que es el alma de la junta auxiliar, la cual a su vez es el alma de la comunidad. En ese enfrentamiento, los pobladores tiraron piedras y la policía estrenó la “ley bala” del gobernador poblano Rafael Moreno Valle. Con balas de goma hirió gravemente a varios de los manifestantes y mató al niño José Luis Alberto Tehuatlie. El hecho originó una crisis política que ha puesto en entredicho las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recomendado el arresto de los policías y de varios de los manifestantes. Es decir ha puesto en el mismo nivel a los victimarios y a las víctimas.

En la sede de la junta auxiliar me he reunido con las esposas, madres, hijos y hermanos de los arrestados. La policía no ha podido capturar a los líderes y ha arremetido contra habitantes marginalmente involucrados en los hechos del 9 de julio. Esposas y madres lloran y me cuentan cómo en la madrugada medio centenar de policías ministeriales guiados por un encapuchado que señalaba los domicilios de los perseguidos, ha destrozado con marros, bardas, puertas y ventanas allanando violentamente las casas. A rastras y en ropa interior se ha llevado en medio de la noche a los capturados y ha golpeado algunos de los niños que llorando buscaban evitar que se llevaran a sus padres. Escenas propias de las dictaduras militares reproduce hoy la represión neoliberal. A la pobreza de las víctimas se agrega ahora el que el proveedor está encarcelado y hay que pagar costos judiciales. Con alivio los familiares reciben la noticia de que los detenidos se encuentran ya en un penal. Después de la desaparición de los 43 muchachos normalistas de Ayotzinapa, el fantasma de la desaparición forzada ya ronda a México.

Veo el rostro curtido de los hombres y mujeres de Chalchihuapan. Las lágrimas surcan las mejillas de las esposas y las madres. Los hombres estoicos oyen en silencio el rumor de que existen otras 37 órdenes de aprehensión. Es obvio que con más de 40 presos políticos en el Estado, todos luchadores contra los proyectos mineros, hidroeléctricos y carreteros, el terror es el arma neoliberal de la acumulación.

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