Estuardo Gamalero C.
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La misma CC puso en su lugar a la ex Primera Dama con el caso de su divorcio. Esa misma CC rechazó la mayoría de inconstitucionalidades presentadas en contra de la nefasta reforma tributaria. Es la CC, quien ha reiterado que las Consultas a las que alude el convenio 169 de la OIT no son vinculantes. ¿No fue la CC quien puso un alto a las intromisiones y abusos procesales en el juicio del Genocidio?
Hoy, la CC tiene en sus manos un caso de trascendencia nacional, cuyo análisis excede la “fatalidad de un plazo y el pleito de la izquierda contra la derecha”, así que tengamos mente fría y objetiva, pues el asunto no se ha resuelto definitivamente.
La crisis de Guatemala, la podemos resolver si y solo sí, confrontamos los problemas con la realidad, de la misma manera que al alcohólico solo le puede ayudar sí reconoce que es alcohólico. Los expertos que vienen a Guatemala y nos hablan de cómo salir de estas crisis de corrupción y tráfico de influencias, coinciden en la actitud de “cero tolerancia y denuncia abierta de cualquier abuso de poder”. No debemos andar brincando de un lado al otro en función de los intereses particulares, sino mantenernos en la línea de los principios generales.
Entender el escenario jurídico-político que atraviesa el país, limitándonos al caso de la integración de las Cortes de Justicia y el reciente Amparo Provisional que concedió la CC, es algo así como entender una película porque vimos 5 minutos de ella. No obstante, en esos cinco minutos hubo: denuncias abiertas en contra de un ex presidente del Congreso, acusaciones por intromisión política en el ejercicio de varias magistraturas; recomendaciones de la CICIG y de la Embajada de los Estados Unidos, respecto de la trayectoria de algunos candidatos y sus vínculos con personas de dudosa honorabilidad.
Durante décadas, Guatemala ha sembrado un clima político de influencias y corrupción, que ha desgastado las instituciones del Estado y despilfarrado los recursos de la nación. Efectos devastadores de lo anterior, han sido: la pérdida de la independencia en las instituciones y principalmente, la desesperación de la población que redunda en terreno fértil para la eterna lucha ideológica.
Gobierno tras Gobierno, hemos sido testigos de la intromisión de un Poder a otro. Diputados, postuladores y funcionarios de Estado, han reconocido la existencia de “listados de candidatos” que vienen con la bendición y visto bueno de los “meros meros”. Se ha confirmado la participación de operadores políticos, como si estuviesen hablando de simples comisionistas, que ponen en contacto a dos partes que desean realizar un negocio. Me pregunto, en dónde quedó aquella máxima: “Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación”… o: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones”… y que tal: Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.
Si lo anterior fuese cierto, pregunto a los puritanos y abundantes constitucionalistas: ¿tenemos un Estado fallido o es que hemos venido consintiendo una estructura de Golpe de Estado disfrazado?
Muchos guatemaltecos creen que la solución de los problemas es el Estado y no quieren aceptar que el Estado es el problema y no la solución de la crisis. Debemos recordar a Ronald Reagan en su discurso de toma de posesión: “somos una Nación que tiene Gobierno y no al revés: un Gobierno que tiene pueblo”.
Les dejo el art. 141 de la Constitución Política.- Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.
