Martín Banús
marbanlahora@gmail.com

Desde la ética algunos opinan que la pena de muerte debe abolirse, otros, –desde ella también y en aras de la vida–, sostienen que debe aplicarse, pues, ¿dónde la justicia de una sociedad, que sanciona al asesino con una pena menor que el crimen cometido?

Se especula mucho alrededor de este tema y nos parece que hablar de estadísticas en China o en E.U.A., etc., sobre cuán disuasiva podría ser la pena capital, no es muy útil, pues es obvio que cada cultura reacciona diferente al mismo estímulo.

Por otro lado, señalar el abuso y desamparo que suelen haber sufrido los asesinos, resulta según nosotros, propio de un moralismo “light” y desubicado, pues esa es más una explicación que en una “justificación” del crimen.

La misma Iglesia Católica, madre de la “santísima”, torturadora y asesina inquisición, también ha variado su posición al respecto, pero apenas desde Juan Pablo II, el mismo que sabía y toleraba del abuso de niños, por parte de curas…

Tampoco resulta significativo, –para abolir la pena de muerte–, el argumento de que muchos países del mundo la hayan abolido. Quizás por ello, dirían otros, el número de homicidios y asesinatos haya aumentado en América Latina y en la última década, ¡en un dramático 40%!

También están quienes, –a favor del valor disuasivo–, retan a imaginar lo que pasaría si E.U.A., y China, suspendieran dicha pena mortal y las implicaciones que eso tendría…

En fin, aunque no está de más conocer lo que pasa en el mundo, lo que nos corresponde a los guatemaltecos, en primerísimo lugar, es rechazar manifiestamente la criminal deficiencia estatal para combatir el crimen, especialmente el asesinato, pues, sin garantías para la vida, ¿para qué el Estado?

Al observar el desafío y el cinismo manifiesto, incluida la burla y hasta las amenazas contra policías y jueces por parte de pandilleros capturados, es más que obvio, –en contra de lo que los bien-pensantes y abolicionistas sostienen–, que existe una absoluta falta de temor a la penalización existente, incluso más que a la certeza de ésta.

Se trata de asesinos, “a-s-e-s-i-n-o-s” que ya han sido anteriormente capturados y condenados a centros carcelarios dizque para su vana “rehabilitación”. ¡Ese error de algunos, ha costado la vida de muchos!

¡Aceptémoslo! Las granjas de “rehabilitación” son escuelas de perfeccionamiento criminal que no rehabilitan, por lo que se debe reconcebir no sólo el sistema penitenciario sino, además, todo el procedimiento jurídico penal.

En realidad no es una opción del Estado resolver esa patraña rehabilitadora: ¡Es su primera y más gorda obligación, pues es la vida la que se está perdiendo con tal farsa…!

El pueblo guatemalteco no pide mucho y es pragmático por excelencia. Lo que quiere es vivir sin miedo a que lo maten, lo extorsionen, lo asalten o lo violen, y espera que el Estado cumpla con protegerlo. ¿Es eso mucho esperar? No cumplir con tan elemental función, convierte en homicidas a quienes, desde la ley pudiéndolo evitar, no lo evitan. Esperemos que llegue el día en que se deduzcan responsabilidades criminales, por omisión, a los togados. Sería muy útil, desde ahora, hacer una lista de los jueces que sueltan a criminales que vuelven a ser recapturados, o sea, reincidentes, para que sean esos jueces quienes también sean penalizados con todo rigor.

Dejemos algo más en claro: La ejecución de un asesino, previamente acusado, defendido y vencido en juicio, no es un incumplimiento al 5º mandamiento de Dios, “No matarás”. Quienes así piensan, seguramente ven como secuestrados, a quienes son arrestados y encarcelados por delinquir…

Para terminar, creemos que la aplicación de la pena de muerte, –así lo confirma la historia y todo en el universo–, es y debe ser cíclica, como cíclica es la decadencia y vigencia de los sistemas legales, de justicia y la moral de las sociedades.

Fue con el tiempo y la imprevisión de los pasmados, cuando no criminales jueces y administradores de justicia del país, que se llegó desde hace muchos años a una barbarie que parece incontenible. Pero estamos, nos parece, al final de un ciclo degenerado, y como todo final de ciclo, ahora es el tiempo de corregir drástica y justicieramente a quienes han arrebatado la vida, desmembrando y torturando atrozmente, a hermanos, hijos y padres de familia…

La pena de muerte, creemos, debe habilitarse en forma práctica, porque en contra de lo que opinan algunos ingenuos y sinceros-equivocados, por supuesto que SÍ disuadiría en un alto porcentaje de los asesinatos.

Vuelto el río a su cauce, tomadas las medidas correctivas y complementarias en aulas, hogares e instituciones, pero sobre todo protegida la vida de los justos, se deshabilita la pena capital por innecesaria. ¡Repetimos, una vez salvadas muchísimas y valiosas vidas!

Pero todo ello exige pundonor y capacidad, y no, –como diría Hegel–, la pusilanimidad que ha caracterizado a la ciudadanía y en especial a los administradores de justicia.

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