Jorge Mario Andrino Grotewold
Habría que hacer memoria para recordar que el control de precios, ha sido característico de gobiernos que pretenden, bajo normas legales, restringir el mercado, ya sea con acciones de economía interna (para controlar la inflación, por ejemplo) o bien bajo el otorgamiento de subsidios para garantizar precios de determinados servicios o bienes, citando en la actualidad el transporte público, que goza de esta estabilidad de precio desde hace varios años.
En otros países con sistemas totalitarios, cuyo contexto democrático no existe, el mercado no puede imponer reglas de servicios locales o bienes de producción nacional, llegando inclusive los gobiernos en prohibir la importación de bienes, porque entonces no se podrían controlar precios, sin intervención monetaria y por ende generando inflación (Cuba como ejemplo). Pero esencialmente, el control de precios limita las acciones económicas que en teoría generan el balance para efectos de desarrollo social, especialmente en cuanto a los mecanismos de consumo, vinculados a efectos como el acaparamiento, la disminución de la calidad, disminución de la producción e inclusive la limitación al capital, fuente de motor económico de cualquier país. Peores circunstancias se vislumbran cuando esta limitación no viene como una imposición gubernamental, sino como un acuerdo entre productores y comercializadores con el Estado, pues además de presumir que existen ciertos monopolios económicos (prohibidos por la Constitución), se da por sentado que estos círculos de empresarios tienen un vínculo político con el gobierno, y se tiende a pensar en diferentes alternativas para favorecerlos en un mediano plazo.
Necesario es tomar otro tipo de acciones que incentiven el factor económico del Estado, sin que la oferta y la demanda sean “controlados” por comerciantes y gobierno. El mercado debe estimularse con producción local, misma que genera empleo y con ello mejora la perspectiva de la población económicamente activa, uno de los indicadores de desarrollo. La inversión pública, transparente, ha sido por años uno de los incentivadores de desarrollo, principalmente a nivel local, pero debiera escogerse sectorialmente los proveedores, siguiendo patrones de calidad y transparencia, y en pleno cumplimiento de la ley. El factor local promueve casi inmediatamente el crecimiento económico de la comunidad, sin necesidad de controlar nada, sino solo estimular la libre competencia y la competitividad, en igual de condiciones y con la población como principal beneficiario.
La determinación de salarios mínimos dignos, detener el abuso en el endeudamiento público, promover el ahorro, nivelar la inflación de productos de primera necesidad, estimular la inversión local mediante aspectos distintos al agro, como el turismo, el desarrollo de infraestructura, la desconcentración de servicios públicos y tantas otras medidas económicas que pueden tomarse con voluntad política, con la toma de decisiones conjuntas entre autoridades nacionales y locales, y por supuesto, recobrar la confianza de una población mediante acciones transparentes y de uso coherente del gasto público, motivarían más a una economía que se mantiene ligeramente al alza, gracias a la industrialización que el país tiene como actividad emergente, pero que aún no es suficiente para alcanzar niveles que logren no sólo elevar el PIB, sino hacer incidencia directa en la población, sacándola poco a poco de la pobreza en la que está inmersa.
¿Podrá lograrlo o al menos iniciarlo el gobierno en quince meses que le restan? En todo caso es obligada su inclusión en los planes de gobierno de los futuros gobernantes.
