Javier Estrada Tobar
jestrada@lahora.com.gt
Los ciudadanos no debemos perder de vista que los jueces, magistrados, diputados, ministros, secretarios y demás funcionarios son nuestros empleados. Esa afirmación podrá sonar pretenciosa, pero es la verdad: Son los empleados del pueblo y solo deben servir al pueblo.
Si tienen un salario –uno muy bueno– y prestaciones, vehículos lujosos, viajes al exterior, seguridad propia y para sus familias, y posibilidades de crecer en sus carreras profesionales es solo porque el pueblo se los paga a través de los impuestos.
Sin embargo, además de esa pesada carga, los guatemaltecos también estamos acostumbrados a pagar su lujoso estilo de vida, al que acceden a través del enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, es decir, la corrupción que avala el sistema de justicia, ya sea por acción u omisión.
En ese contexto es preciso remarcar que la elección de cortes no solo es la simple designación de magistrados, sino la selección de los administradores de justicia que harán valer el derecho de los guatemaltecos o por otro lado, de los que se apegarán a los intereses de esos funcionarios corruptos. Por eso es tan importante este proceso.
Si las medicinas se compran sobrevaloradas es por culpa de un funcionario corrupto, pero también de un sistema de justicia que no lo investiga y procesa, y lo mismo sucede con las carreteras mal construidas, la falta de escuelas, la ausencia de programas contra el hambre y una larga lista de precariedades que padece la población.
Ignorar lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad es muy fácil y cómodo para los ciudadanos, pero ya debimos aprender que esa indiferencia en el pasado nos ha pasado facturas muy costosas, como los desfalcos millonarios al Estado, que se traducen en la pobreza, desigualdad y violencia, que nos afectan a todos de forma directa o indirecta.
Hay que tomarse un tiempo para informarse sobre lo que está sucediendo y armarse de valor para participar desde distintos ámbitos, y así exigir que la Corte anule la elección de magistrados y ordene un nuevo proceso, en el que se garantice la elección de los más capacitados y honrados administradores de la justicia.
Los guatemaltecos merecemos un mejor país, pero eso implica un arduo trabajo que empieza con dejar de lado nuestro inmovilismo, y demanda nuestro mayor esfuerzo para combatir la corrupción desde sus raíces, es decir, con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.
Los ciudadanos debemos tener claro que los funcionarios son nuestros empleados, y sobre todo, asegurarnos de que ellos lo sepan, por lo que no podemos tolerar más robos y engaños para Guatemala.
