Factor Méndez Doninelli
El sistema de justicia está en el centro del conflicto, desatado luego que la Magistrada Claudia Lissette Escobar Mejía, reelecta para integrar la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil y Penal, declinó al cargo y denunció que el proceso de selección en las Comisiones de Postulación y la elección efectuada en el Congreso Nacional, estuvo amañado, sujeto a tráfico de influencias y la injerencia directa del Poder Ejecutivo, hechos que a su juicio vulneran la independencia judicial; además, argumenta que no respetaron la Ley de la Carrera Judicial, que violaron la Constitución Política de la República e ignoraron los estándares internacionales establecidos para este tipo de selección.
La decisión de la Magistrada Escobar Mejía se percibe como un acto digno, valiente y que merece respeto, sobre todo, porque entre sus colegas togados, la denunciante tiene una trayectoria intachable, prestigio y reconocimiento. Por su acción, la Magistrada Escobar Mejía ha recibido el respaldo de decenas de Jueces y Magistrados, quienes se han sumado a la petición de anular los procesos de selección y elección de los Magistrados de Salas y de la CSJ.
Desde tiempo atrás, para nadie es un secreto que el sistema de justicia guatemalteco carece de fortaleza por estar penetrado por intereses ajenos al Poder Judicial, que permiten mantener los elevados niveles de impunidad. Los cuestionamientos planteados por los togados son debido a que grupos fácticos, ocultos y de poderes paralelos, coparon las Comisiones de Postulación y junto al tráfico de influencias, la secretividad, la injerencia del Poder Ejecutivo y de diputados del Congreso Nacional, hicieron posible elegir a sus operadores que deberán integrar las Cortes de Apelaciones y la próxima CSJ.
Durante el proceso que ahora cuestionan los Jueces y Magistrados se conocieron muchas denuncias señalando vicios e irregularidades que se presume cometieron los postuladores, a estos hechos se agrega las componendas y negociaciones hechas entre diputados de los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada, que les abrió el camino para integrar las Cortes con personajes afines a los intereses sectarios y perversos de estas dos organizaciones partidarias que buscan blindarse para que sus actos permanezcan impunes.
Las denuncias de la Magistrada Escobar Mejía y su petición de anular las referidas elecciones han sido respaldadas también por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por la Relatora de la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, por diferentes instancias y organizaciones de la sociedad civil y por grupos de juristas nacionales e internacionales.
Esta delicada situación generada en los espacios de la justicia está ahora en manos de la Corte de Constitucionalidad, cuyos Magistrados deben resolver en las próximas horas varios recursos de Amparo que intentan detener la juramentación, la toma de posesión de los nuevos Magistrados y lograr que se repitan los procesos de selección y elección.
Para combatir la impunidad es necesaria la independencia judicial.
