Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Todo el mundo sabe que hay que combatir la corrupción en la Policía y no hace falta ser genio para darse cuenta que ese factor compromete seriamente la seguridad. Pero decir que basta con impulsar una política de denuncias es una soberana tontería en un país como Guatemala donde el crimen organizado no sólo está metido en la Policía Nacional Civil, sino también en las fiscalías y en los tribunales, lo que hace que las denuncias no sólo no produzcan ningún resultado, sino que, además, el denunciante se vea en peligro porque resulta que quienes debieran de apoyarlo para atacar a los corruptos, se encargan de informar a éstos de las acciones en su contra. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, no hay un sistema de protección adecuada para quienes formulan denuncias contra la autoridad y por ello es que la lucha que ha venido haciendo la CICIG merece mucho apoyo, porque el problema de fondo está en cómo los poderes ocultos, los grupos que operan clandestinamente, mantienen cooptado todo el sistema.
Sin enfrentar de lleno esa situación, las ideas del señor Giuliani salen sobrando porque se trata de dos mundos totalmente distintos. En Estados Unidos el ciudadano que hace una denuncia sabe que será investigada y que las probabilidades de que se castigue al corrupto son altas. En Guatemala hay que ser medio pendejo para creer que ello puede ocurrir cuando acabamos de ver cómo es que se eligen a las autoridades judiciales y no hace mucho, con apoyo de los mismos gringos, se eligió a la Fiscal General siguiendo precisamente la misma tónica en cuanto a la participación de grupos oscuros en los procesos de postulación.
Desde el punto de vista del espectáculo Rudolph Giuliani es muy atractivo y de hecho se ha convertido en uno de los expositores mejor pagados de los Estados Unidos porque es mediático y tiene carisma para enfrentar a los auditorios. Pero de su primera exposición se desprende que no se tomó el tiempo de estudiar siquiera superficialmente la situación de Guatemala, porque si lo hubiera hecho no estaría hablando únicamente de la corrupción en la Policía, sino de la corrupción en el sistema de justicia entero del país. Estaría criticando las alianzas que hay entre políticos y empresarios para mantener el régimen de impunidad que nos tiene de rodillas, en vez de creer que habilitando una línea para denuncias se resuelve buena parte del problema.
