Víctor Hugo Godoy
¿Qué pensamos los Constituyentes? Cuando discutíamos la Constitución de la República en 1984-85 los servicios de electricidad, telefonía, ferrocarriles, puertos, transporte aéreo y correos eran nacionales y no discutimos privatizarlos, porque los cuatro primeros recién se habían nacionalizado. Se podrían concesionar, pero no vender, pues una de nuestras preocupaciones principales era la poca capacidad económica de la población para adquirir bienes y servicios.
Por ello, en la prestación de servicios públicos o uso de los bienes nacionales aparecen obligados o responsables el Estado y el municipio, debido a esa demanda interna débil que se pretendía superar: el Banguat se ocupaba de mantener políticas macroeconómicas, pero también proporcionaba líneas de crédito con intereses preferenciales para fomentar ciertas actividades económicas; el Estado compraba y vendía granos básicos para garantizar precios a productores y consumidores; investigaba y producía semillas mejoradas para los agricultores; también, construía viviendas de interés social; y un largo etcétera, que incluía desde brindar precios estables de los combustibles, hasta vender o producir medicinas a bajo precio. Los actuales programas de acceso a medicamentos, el reparto de fertilizantes y el propio Transmetro son herederos de esa función supletoria del Estado, que más tiene que ver con el principio de equidad. A esto se refiere el último párrafo del artículo 118 al decir: “Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados”.
¿Y cuáles son esos fines expresados? Los que establecen que “el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Y que “Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional…” Es decir, estábamos reafirmando el Estado Social de Derecho que se inauguró desde 1944, un Estado solidario y redistributivo; jamás pensamos que el Estado actuara o interviniera en forma secundaria o complementaria. En el país más desigual y excluyente del mundo hubiera sido una locura e inconsecuencia. La derecha, aunque eficiente para idear candados tributarios, todavía le apostaba al papel fundamental del Estado.
Organizarse políticamente ahora para participar en elecciones, no es ya una amenaza para el “statu quo”, pues el Estado ha sido cercenado, desmantelado y privatizado en sus quehaceres fundamentales. Por otros medios, el sistema político está restringido como antes de 1982.
