Juan Antonio Mazariegos G.

Si analizamos los hechos ocurridos y que motivaron la resolución del TSE y los posteriores amparos que ahora se comentan, lo vivido en Guatemala el pasado domingo 21 de septiembre, frente al Palacio Nacional, solo puede leerse de una manera, el evento fue una proclamación política, de un partido político, el cual presentaba al País a su candidato presidencial, todo dentro de ilegalidades o irregularidades alrededor del evento, como la inexistencia de una convocatoria a elecciones generales, una tribuna repleta de funcionarios públicos, acusaciones de múltiples sectores sobre el uso de empleados públicos para la concentración, pero sobre todo, cuando se contó con la presencia de la misma Vicepresidenta de la República, ejerciendo en la mesa central de la concentración como Secretaria General del partido, en una dualidad de funciones a mi juicio incompatible para quien representa la Unidad de la Nación.

Los hechos y actos relacionados y que finalmente derivaron en la resolución del TSE, emitida en contra de la Vicepresidenta, por lo ya mencionado y en contra del Partido Político al que suspendió por el plazo de seis meses por el desarrollo de esta actividad que revestía notoriedad, publicidad y otros elementos contundentes, obligaron al TSE a actuar de oficio, sin embargo, la resolución se encontró con el lastre del sistema de influencias del que están impregnadas la mayoría de instituciones en el País y de esa cuenta el mismo fallo del TSE no fue unánime y ahora con la obtención de los amparos provisionales que ordenan al mismo Tribunal Electoral que informe del fundamento de la cancelación del nombramiento y la suspensión del partido, se pone de manifiesto también que a pesar de lo contundentes que puedan resultar los hechos, en manos de autoridades judiciales electas por políticos, siempre tendrán resultados favorables para esos mismos políticos.

El ejemplo es claro, es indispensable la reforma del sistema de elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del Organismo Judicial para que la influencia de quienes los eligió no limite sus funciones al juzgar a esas mismas personas, de lo contrario veremos y viviremos en medio de tiempos de cosecha de influencias que impedirán el desarrollo del Estado de Derecho en Guatemala.

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