Lic. Américo Cifuentes Rivas
Los que se autodenominan padres de la patria, emitieron a hurtadillas la denominada ley Monsanto favoreciendo a una monstruosa empresa internacional, lesionando los intereses de los guatemaltecos, especialmente a los campesinos y a los más pobres al obligarlos a comprar las semillas de maíz permanentemente a ese internacional monopolio (sólo la presión de la sociedad organizada de Sololá y Totonicapán forzaron a derogar esa estúpida ley), por el contrario esos diputados, se niegan, por diversos artificios, a conocer y aprobar la ley agraria pendiente en el Congreso; está claro en la conciencia de los ciudadanos de las profundas anomalías en la selección de los jueces que fortalece la impunidad prevaleciente históricamente, es más la vicepresidenta de Guatemala, señora BALDETTI, confesó públicamente que ella participó, alrededor de una cama, en la componenda para designar a los “honorables magistrados” que asumieron la responsabilidad de aplicar las leyes en aquel momento (esa confesión es digna de una obligada investigación por parte del “honorable Ministerio Público”; ¿quiénes participaron en esa componenda? y ¿quiénes fueron los “honorables jueces” beneficiados por esa componenda?), los guatemaltecos requerimos saber la verdad y si hay delitos aplicar las penas. Las declaraciones del oficial del Ejército Byron Lima, condenado en relación a un magno asesinato establecen la terrible vinculación de este preso y su estructura y el gobierno de Pérez Molina y el partido gobernante y otros altos funcionarios, declaró Lima que es fundador del PP, que fue financista de la campaña de Pérez Molina y que hace negocios con el Gobierno y otros partidos políticos: ¿cuál es la autoridad moral del General Presidente para exigir moralidad a los ciudadanos? En cualquier país democrático del mundo con este escándalo ya habrían renunciado los funcionarios implicados. Otros hechos, como la criminalización de la protesta pública y la persecución de líderes especialmente campesinos, indígenas y de la sociedad civil, por un lado y por otro el control de las comunicaciones telefónicas, de las redes sociales y la represión a periodistas críticos demuestra la debilidad del régimen; pero el abuso de realizar un inmenso acto masivo de naturaleza electoral del partido del gobierno, con presencia de la vicepresidenta y altos funcionarios no es más que una expresión de soberbia y de irrespeto al pueblo de Guatemala, a sus leyes y a todo el sistema de derechos. Estos y otras expresiones de abuso de poder, de ilegalidad y de inmoralidad revelan el desarrollo de un sistema de control político de naturaleza fascista, que para imponerlo deberá implementarse una DICTADURA. El pueblo de Guatemala y especialmente las organizaciones populares progresistas debiéramos poner MUCHO OJO y mucha observación a estos acontecimientos. Es urgente el establecimiento del “FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA DEMOCRACIA”; que deben promover, fundamentalmente las organizaciones y ciudadanos afectados por el abuso de poder. Estamos en la encrucijada los guatemaltecos: “o agachamos la cabeza o nos disponemos a defendernos”, sólo Dios y la historia lo dirá.
