Aquel 31 de enero, 37 personas perdieron la vida tras la decisión de las fuerzas de seguridad de lanzar la ofensiva para acabar con la vida de dirigentes campesinos, sindicales y estudiantiles que junto a funcionarios de la misión internacional y personalidades guatemaltecas, estaban dentro del edificio.
El caso es muy importante, evidentemente, porque ¿en qué cabeza puede caber que llegar a una sede diplomática y lanzarse al asalto para ejecutar a todos los opositores que estén dentro quedará en el olvido? Debemos recordar que las autoridades de la Embajada, legalmente representantes de la misión, pidieron que la fuerza pública no entrara y, sin embargo, lo hicieron con lujo de fuerza, por lo que España rompió relaciones con Guatemala por violación de las normas del Derecho Internacional que consignan la inviolabilidad de las embajadas.
Será trascendental que se verifiquen las formas para que los especialistas de la manipulación no hagan su ya conocido show para que los victimarios terminen como víctimas y aduzcan que malas prácticas procesales se han utilizado para generar desventajas, como ha sucedido en el proceso contra Efraín Ríos Montt.
Pero lo más importante es que se le dé proceso a un hecho que no debería haber sucedido nunca y en el que responsables tienen que asumir sus decisiones y enfrentar el castigo que venga con ello. No puede justificarse como un hecho del conflicto cuando el grupo dentro de la Embajada no era una amenaza para el gobierno y los amenazados, es decir, los diplomáticos y sus huéspedes no querían una acción policial.
Así como Rigoberta Menchú y el resto de testigos han comentado cómo les impactó en su vida la muerte de sus familiares, deberíamos de consternarnos como guatemaltecos y aceptar que esta brutal acción nos cambió como país. A quienes se preocupan por la imagen internacional del país, ojalá entiendan que una severa condena en este caso podrá enviar el mensaje de que no somos el país donde matar es válido y ser el asesino razón para convertirse en héroe.
Por la memoria de las víctimas y sus familias se merece un juicio justo. Como país, es necesario que avancemos en la reconciliación que solo podremos obtener, haciendo responsables a quienes cometieron tales abusos. Este es un caso histórico.
