John Carroll
Más aberrante que el video mismo es la falta de atención e interés de nosotros los guatemaltecos por lo que sucede. Es inaudito que un área que lleva años bajo el asedio de grupos terroristas organizados esté abandonada por la autoridad encargada de velar por la seguridad de todos los guatemaltecos principalmente porque la instalación de la planta cementera que en aquel lugar pretende establecerse y las comunidades que con esos trabajos se benefician debiera de ser muy bien custodiada por la sencilla razón de ser seres humanos que forman parte de este nuestro Estado y que como ciudadanos son participantes tácitos de nuestro pacto social y por lo tanto encargan al Estado la seguridad y justicia y, además, se someten al monopolio del uso de la fuerza por parte de este. Es ese pacto social y su funcionamiento lo que le permite a una sociedad vivir en paz y desarrollarse y el colapso de ese pacto es el diagnóstico primario de una sociedad enferma y condenada al subdesarrollo y a la muerte.
Pregúntese por qué es que su gobierno tiene la capacidad logística y organizativa para hacer una reunión de veinte mil personas en la plaza central, con transporte, sonido, comida y entretenimiento para presentar a un payaso y no puede colocar a cincuenta miembros de los cuerpos de seguridad en un poblado que tiene un horrible historial de agresiones y crímenes en los años recientes. ¿Por qué es que hay recursos de sobra para pagar tres horas de televisión nacional para transmitir un desagradable espectáculo auto adulador en el que la Vicepresidenta pide aplausos para ella misma, pero no hay recursos para que nuestras autoridades ejecuten una veintena de órdenes de captura a desadaptados sociales y criminales?
Todos sabemos que existen “lideres” de organizaciones sociales y de “derechos humanos” y más de algún diputado que tienen la conciencia manchada de la sangre de guatemaltecos que sufrieron las consecuencias de una maldita combinación de factores que se pueden resumir en: la desalmada actuación de los delincuentes, la incapacidad o falta de voluntad de nuestras autoridades y nuestro desgraciado desinterés y egoísmo. Esos “líderes” deben de pagar por su autoría o colaboración intelectual tanto como los autores materiales de los hechos y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos que efectivamente sean capturados, enjuiciados y condenados a las penas que la ley contempla, incluida la pena de muerte.
