María José Cabrera Cifuentes
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La semana pasada se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Guatemala, en donde 32 de los 34 estados miembros de esa organización se dieron cita para debatir acerca de las rutas alternas a la política tradicional de drogas y encontrar un punto integrador de una política multidimensional y holística.
En las intervenciones de los diferentes Estados, se dejó clara la postura de cada una de las unidades que conforman la OEA, de acuerdo al rol que desempeñan en el ciclo de la narcoactividad (país productor, de tránsito y/o consumidor) y que, con algunas escasas excepciones, se manifestaron a favor de la modificación de la política global de drogas e incluso muchos de ellos demostrando haber tenido avances muy significativos en su estrategia sobre estupefacientes como la despenalización de la posesión y el consumo.
Me parece curioso el hecho de que habiendo sido el presidente Otto Pérez Molina quien en un momento determinado puso sobre la mesa la necesidad de discutir el tema, sea precisamente Guatemala quien ha tenido nulos avances en la reforma de legislación sobre drogas, y que continúe atrapada en una política tradicional que enarbola el prohibicionismo como su máxima bandera y que, por mucho, ha demostrado ser inútil.
Más que conversarlo, las alternativas a la lucha contra el narcotráfico deben ser puestas en práctica y si bien, los organismos multilaterales pueden ser un marco adecuado para la discusión y alineación de buena voluntad de los países, no dejan de ser espacios en los que no se puede llegar a concretar algo inmediatamente. Por otro lado, la toma de decisiones a nivel nacional es fundamental.
Es imposible poner un tema bajo la mirada global e intentar impulsarlo y no hacer nada a lo interno para poder dar pequeños pasos. Excusas pueden haber muchas, y el miedo a represalias por parte de nuestros aliados es una realidad, no obstante, no se puede esperar que organizaciones derivadas del idealismo nos resuelvan los problemas sin concretar acciones palpables que nos orienten a esas alternativas.
La Comisión Nacional Para la Reforma de Política de Drogas recientemente entregó un informe preliminar al Presidente Pérez en donde se indica como conclusión la falta de data para poder delinear una política de drogas ad hoc, entre otras que no constituyen verdaderamente un aporte para el avance en la materia. Es necesario que este órgano, al haber identificado las principales dificultades, tome con la seriedad que amerita la investigación sobre el tema y provea la información necesaria así como las propuestas claras de reforma necesarias.
La necesidad de una estratégica cuando menos hemisférica para resolver el problema de las drogas es una realidad, pero esto no significa que como país debamos esperar a que se armonice y consensue sino que debemos de igual forma caminar a nuestro propio paso, sentando precedentes y superando el discurso por la acción.
La transición del abordaje de la política de drogas desde una perspectiva de seguridad a uno de salud pública es hoy más que nunca una necesidad que por una serie de mitos que flotan a su alrededor no ha llegado a concretarse. La misma debe ir acompañada de fuertes programas de educación en la prevención del consumo, rehabilitación y medidas de mitigación para el consumidor.
Hasta este momento seguimos del lado de los perdedores de la guerra, nos diría la Comisión Global de Política de Drogas, empezar la lucha efectiva contra ese flagelo desde nuestra posición de país de tránsito es una decisión impostergable que todos debemos exigir.
