Juan Francisco Reyes López
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Es evidente que el Congreso en la totalidad de integrantes se dividió, votando a favor de la misma el número suficiente para aprobar la iniciativa, contándose dentro de estos diputados que por su origen y tendencia política debían de haber comprendido y previsto que una ley de esa naturaleza no podía aprobarse, menos pasar en una sola lectura; sin embargo, lo hicieron fuera que los convencieron o más grave aún porque no tuvieron el cuidado y precaución de ver que dicha norma legal venía a afectar cultivos tan importantes y tradicionales por su antigüedad a pequeños y medianos agricultores que deben ser protegidos y salvaguardados para que no exista la posibilidad que empresas nacionales o transnacionales vengan a esquilmarlos, incluso a ponerlos en la posibilidad de ser encarcelados por una ley que en nuestro país no puede existir. Distinto es una norma de esa naturaleza en países donde el frijol y el maíz no son producidos para el consumo humano, principalmente sino son forrajes que se utilizan en el engorde de animales.
Adicionalmente, una ley no se convierte en tal si la misma no es sancionada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial, en ello la Secretaría General de la Presidencia y los asesores específicos del presidente incurrieron en responsabilidad y omisión al no advertir al presidente Otto Pérez Molina que dicha ley, independientemente de que cumplía con uno de los cientos de acuerdos internacionales, en el caso de Guatemala era sumamente delicada y antipatriota, la misma perfectamente pudo haber sido vetada y devuelta al Congreso con las observaciones que buena parte de su articulado no era adecuado específicamente para nuestro país. El no haberlo hecho también implica responsabilidad del Ejecutivo por no percatarse y evitar las procedentes manifestaciones que durante semanas se dieron para que se derogara dicha disposición legal.
Hay grupos de análisis y pensamiento que debieron ser consultados por el Congreso ante una disposición legal de esa naturaleza; las universidades, especialmente la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Agronomía, deberían de sacar experiencia y tener permanentemente profesionales que estudien todas las iniciativas de ley que se presentan al Legislativo y con tiempo emitir las observaciones que las mismas merecen. Qué mejor que sean las universidades las que con el mayor recurso intelectual del país se pronuncien permanentemente sobre las iniciativas de ley, de la misma manera que lo hace CACIF y las cámaras empresariales cuando específicamente les conviene.
En todo caso, “lo hecho, hecho está” y los diputados deben asumir el costo de una inadecuada propuesta de iniciativa de ley y de la aprobación que nunca debió efectuarse.
¡Guatemala es primero!
