Claudia Navas Dangel
cnavasdangel@gmail.com
Para que los lectores comprendan esta solicitud los pongo en contexto de los hechos. El 18 de septiembre, Pavel Vega, reportero de elPeriódico, fue obstaculizado en su labor por agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), quienes también dañaron el equipo de Álex Cruz, reportero gráfico de ese medio.
Los incidentes se provocaron después de una conferencia de prensa –a la cual no se invitó a elPeriódico– convocada por la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo objetivo era brindar detalles sobre un reportaje publicado por ese medio el martes 16 y que fue “aclarado” en las páginas oficiales del Gobierno un día antes de que fuera divulgado. Al enterarse de la actividad, los colegas Vega y Cruz acudieron al lugar, pero su ingreso fue impedido. Incluso, intentaron contactar a Karen Cardona y Karla Herrera, comunicadoras de la Vicepresidencia y del Ministerio de Gobernación, quienes acompañaban a Baldetti, pero no fueron atendidos. Al terminar la conferencia, Vega y Cruz trataron de consultar a la vicepresidenta, pero fueron bloqueados por sus escoltas.
Durante el actual Gobierno, la labor informativa de elPeriódico ha sido limitada por diversos funcionarios, incluidos el gobernante Otto Pérez Molina y Baldetti. Además, han impedido de forma constante la labor de Pavel Vega, a cargo de la Presidencia y es público que el mismo Pérez Molina ha llamado a medios para quejarse de coberturas que no le han sido agradables y hasta ha solicitado que quien cubre la fuente sea removido, como han documentado Prensa Libre y Emisoras Unidas.
Las acciones de la vicepresidenta y su entorno vulneran el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, los artículos 30 y 35 de la Constitución de la República: (“Todos los actos de la administración son públicos” y “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”) y el 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento (“La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”), entre otros preceptos que norman los derechos humanos a saber y decir.
También hago patente mi solidaridad con la periodista Norma Sancir, quien fue capturada mientras grababa a la policía violentando a los comunitarios de Camotán, Chiquimula, quienes se encontraban en una protesta pacífica pidiendo por la aprobación urgente de la Ley de Desarrollo Rural. No sólo deben liberarla sino también manifestar respeto a quienes cumplen con su labor honradamente y son de unos años para acá, sujetos de los abusos de quienes gobiernan Guatemala.
