Juan Antonio Mazariegos G.
En mi caso particular, la primera columna que escribí para este vespertino apareció bajo el título que ahora vuelvo a utilizar, en aquel entonces mi opinión era que Guatemala debería establecer los mecanismos necesarios para que su propio sistema de justicia cumpliera e hiciera valer su Estado de Derecho, de manera tal que no fuera necesario que otros vinieran aquí a combatir la impunidad y que el no poder desarrollar por sí solos esa función nos convertía en un Estado limitado, incapaz de cumplir con sus propios fines.
Sé perfectamente que la CICIG no ha logrado combatir en todos sus frentes a la impunidad y por no querer, no interesar o no poder, existen enormes pendientes que solo dimensionan el enorme problema que tenemos como país en relación a esa lacra que es la impunidad.
De igual manera entiendo que de no ser por el reciente caso en el que ha participado la Comisión, probablemente la misma ya no habría vuelto a ser noticia y su mandato se habría extinguido por el paso del tiempo y la no solicitud de prórroga del mismo, cuyas justificaciones han ocupado los discursos del Presidente y la Vicepresidenta de la Nación, en un ejercicio inentendible que no hace más que validar mi cambio de opinión, ya que no comprendo cómo es posible que no visualicen que los guatemaltecos lamentablemente no tenemos la capacidad de combatir la impunidad, salvo por supuesto que estén tratando de eliminar la posibilidad de que un día, ya no estando en el poder, esa misma Comisión encuentre en ellos mismos y en su Gobierno nuevos objetivos para perseguir.
En todo caso, mi opinión ha variado en virtud de los años y los hechos, hasta pasar a comprender la necesidad de que se prorrogue el mandato a la Comisión, dado que no tenemos la responsabilidad de la que pretende hacer gala la Vicepresidenta en sus recientes declaraciones sobre este tema, ni contamos con las capacidades de un Gobierno que pueda hacer prevalecer su Estado de Derecho. Al parecer aún no hemos comprendido que para ser un Estado fuerte, más que presupuestos desmesurados y buenas intenciones, es necesario que contemos con voluntad de aplicar la ley, de someternos a ella y de juzgar de conformidad con la misma a todo aquel que la quebrante de manera tal que la impunidad desaparezca de Guatemala.
