Oscar Clemente Marroquín
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Todo ello ocurre justamente cuando la misma Comisión Internacional Contra la Impunidad destapa la existencia de un poder paralelo y clandestino que ejerce el control del sistema penitenciario y que cuenta con la complicidad de los funcionarios encargados de dirigir las cárceles. El proceso ni siquiera puede iniciar porque ya se plantean los tradicionales instrumentos dilatorios que tratan de contener la marcha de la ley hasta que se puedan establecer los “acuerdos” necesarios para garantizar la impunidad.
Nos quejamos todo el tiempo de tanta podredumbre, pero cuando al fin se hace algo para destapar la olla, resulta que no hay de parte de la opinión pública una reacción digna de tal nombre para respaldar el esfuerzo realizado por la CICIG y el Ministerio Público en una investigación de algo que todo mundo conocía, pero contra lo que nadie actuaba. Una investigación que ahora ofrece sustento en pruebas que, en un sistema de justicia digno de tal nombre, posiblemente serían muy útiles, pero que en un sistema poroso, como el nuestro, pueden ser descartadas con olímpico desprecio por juzgadores que simplemente dirán que no se aportaron pruebas suficientes.
La tarea de corregir el rumbo del país no puede ser únicamente de la comunidad internacional que nos acompaña en el tema de la impunidad. Necesitamos estructuras propias para resolver problemas enraizados, pero además hace falta que la brecha que se abre con la cooperación internacional sea perdurable y ello depende, básicamente, de la reacción de la ciudadanía guatemalteca porque por mucho que nos sirva de muleta el esfuerzo de la CICIG, nosotros tenemos que aprender a caminar en la ruta de la construcción de un país distinto en donde no se privilegie la corrupción y el mal uso del poder.
Hace días escribí sobre el absurdo de que ante las acciones legales planteadas por Alfonso Carrillo, la respuesta de los miembros de las Comisiones de Postulación fuera hepática en vez de someterse al procedimiento común de refutar cargos o señalamientos en los estrados de los tribunales que conocen de los amparos, como debe ser en cualquier país respetuoso del derecho. Cualquier ciudadano tiene facultad para presentar amparos y serán los tribunales los que los califiquen, pero pretender la inhabilitación de los abogados inconformes no tiene sentido ni ético ni legal.
Los guatemaltecos tenemos que reaccionar porque se está jugando el futuro del país. Cruzarnos de brazos ante el peligro es en realidad un crimen de lesa patria.
