Fernando Mollinedo C.
Pregunto a las autoridades “impartidoras de justicia” en Guatemala: ¿Qué es eso de justicia? ¿Acaso es un bien jurídico tutelado para la población guatemalteca y extranjeros que viven o transitan en el país? Porque si así fuera, no veríamos las acciones injustas que los “operadores de justicia” imparten o aplican.
¿Quiénes son los operadores/impartidores de justicia en Guatemala? los magistrados de la Corte de Constitucionalidad; magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia, magistrados de las cámaras, magistrados de las salas de apelaciones, jueces de sentencia, jueces de primera instancia y jueces de paz; en el Ministerio Público, los auxiliares de fiscales, fiscales, fiscales de distrito y fiscal general; también los magistrados del ex Tribunal Supremo Electoral. Incluyo a los jueces municipales. Si me faltó alguno, disculpen el olvido.
Se supone que todos quienes trabajan en esas dependencias, DEBEN SER honestos, honrados, incorruptibles y sobre todo: JUSTOS, ¿O no es así? ¿Cuánto es el precio por un fallo favorable, una imputación falsa, una denuncia injustificada sin fundamento que lleve como resultado la privación de los derechos de la persona denunciada? ¿Habrá tráfico de influencias en esas instancias? ¿Será un ejemplo de lo anterior la rotación masiva que se realizó en algunos juzgados del municipio de Villa Nueva hace un par de meses? No lo aseguro; yo, pregunto.
¿Se compra la justicia en Guatemala? ¿A qué partido político, a qué facción del gobierno hay que apoyar para garantizarse la aplicación de una justicia “apropiada” en un futuro cercano? ¿Las Comisiones de Postulación son el vivo ejemplo de la compra venta de posiciones para impartidores/operadores de justicia? ¿Tendrán patrón las futuras autoridades?
Lamentable para la sociedad guatemalteca, que se estén “negociando” las plazas por los grupos que se dicen representativos de varios gremios profesionales; ¿Se les podría equiparar como grupos paralelos del poder, susceptibles de investigación por la CICIG?
Y en el Ministerio Público, su supervisión, ¿podría hacer lo mismo? Porque hay auxiliares y fiscales que sorprendiendo a la población que no sabe de leyes, actúan en función de “jueces de paz” en el interior del país, y de ello resultan los despojos de bienes inmuebles.
Yo sé que, en todos lados se puede hacer manganías y chanchullos que perjudican a quienes demandan una justicia pronta y efectiva, sin embargo, para ello están los órganos internos fiscalizadores de la conducta de sus empleados. Entonces… a guisa de ejemplo ¿Por qué no averiguan las denuncias de acoso sexual al personal femenino en algunas fiscalías municipales del departamento de Guatemala?
