Jorge Mario Andrino Grotewold
El gobierno abierto entonces, genera expectativas propias de diferente naturaleza, empezando por su objetivo final, que orienta a un proceso de participación ciudadana desde la óptica de los habitantes, hasta la rendición de cuentas, para los servidores públicos. El Estado -cualquiera hace 50 años-, estaba en una posición constante de decidir quiénes podían ver la información pública, así como cuál era la información que podía enseñarse; determinó que la publicidad podría ser “peligrosa” para la sociedad, y con ello estableció que la información de su funcionamiento era restringida, confidencial o reservada. Por el contrario, la vida privada de sus ciudadanos, decidió que era materia de seguridad nacional, y procedió a registrar todas sus actuaciones y movimientos, sin el consentimiento correspondiente y de forma secreta.
Así, esos parámetros de hace tiempo fueron revirtiéndose, lo que ha motivado a los ciudadanos a exigir información de sus gobernantes y derecho a la privacidad de sus vidas. Así nacen entonces, dos importantes derechos fundamentales constituidos en el derecho al acceso a la información, que subdivide sus componentes en información pública e información propia de cada ciudadano (habeas data). Y el segundo, el derecho a la privacidad o la protección de datos personales. Como herramientas propias de estos derechos, también pueden enumerarse las fuentes de información documental y electrónicas, que dieron pie a buscar la simplificación de procesos administrativos y comunicaciones virtuales, creándose el gobierno electrónico; y la gestión documental, promoviendo mecanismos de institucionalización de los archivos públicos.
El gobierno abierto entonces, reúne la mayoría de estos elementos y los conjuga con una política de Estado: Transparencia y rendición de cuentas. Estos dos pilares de un ejercicio del poder político y de una verdadera democracia, parecieran ausentes en Guatemala, en donde se carece de mecanismos de probidad, ni voluntad política para alcanzarla, empezando por promover efectivas agendas legislativas, el fortalecimiento de la institucionalidad, y la inclusión presupuestaria para el ejercicio de este derecho, así como la promoción de ciudadanía para exigirla.
Guatemala requiere acciones valientes y comprometidas de sus líderes. La recomposición del país debe ser transversal, sin importar ideologías ni intereses particulares; sin egoísmos, pero con solidaridad. Solo así otros factores como educación, salud, transporte, conservación de recursos naturales y la tan ansiada seguridad (física, jurídica, alimentaria, entre otras), podrá alcanzarse. Todo sustentado en una democracia, con pleno ejercicio de derechos y obligaciones.
