Javier Monterroso
De parte de las organizaciones sociales nunca imaginamos que esa disposición podía convertirse en un lucrativo negocio para las autoridades, y por supuesto menos aún que el principal beneficiado con esa medida sería Byron Lima, quien desde la cárcel y bajo las narices de las autoridades de seguridad se hizo millonario a base de ese y otros negocios ilegales.
Pareciera que ningún gobierno toma en serio un problema histórico del sistema de seguridad guatemalteco como lo son las cárceles, pues sólo cuando salen a luz este tipo de escándalos recordamos que tenemos un sistema penitenciario que no garantiza ni la seguridad de los habitantes porque no puede mantener a los reos alejados de las actividades delictivas, ni tampoco es respetuoso de los derechos humanos de las aproximadamente 10 mil personas privadas de libertad. En efecto, desde las cárceles se siguen ordenando asesinatos, extorsiones, se controla parte del tráfico de drogas, pero también se mantienen condiciones de hacinamiento, altas tasas de insalubridad y abusos de todo tipo hacia los reclusos, y por supuesto no hemos encontrado un sistema de bloqueo de celulares efectivo para evitar llamadas desde los centros carcelarios.
El problema no es tampoco que existan fábricas dentro de las cárceles, de hecho la cárcel como centro de redención de penas es un producto directo de la revolución liberal, en el cual de acuerdo a la tesis contractualista aquellos individuos que cometían delitos rompían el pacto social, y la forma de resarcir al resto de la sociedad era precisamente trabajando para la misma, así desde un inicio la cárcel fue concebida como una gran fábrica donde los reclusos como mano de obra cautiva podían ser útiles y productivos para la sociedad, además, al trabajo siempre se le han atribuido facultades terapéuticas, redentoras y rehabilitadoras e incluso puede considerarse una actividad que le da sentido a la existencia humana, sin embargo, que sea uno de los reos más peligros el dueño de los centros de producción no es lo más adecuado, lamentablemente los prejuicios hacen casi imposible pensar que la iniciativa privada estará dispuesta a invertir en los centros carcelarios.
Finalmente el gobierno debe reconocer que la gran debilidad de su política de seguridad es que nunca promovieron una verdadera reforma penitenciaria y que al igual que los gobiernos anteriores dejaron las cárceles en manos de los reos, por supuesto que en 500 días ya no pueden hacer nada serio en este tema.
