Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Por ello apoyé desde el principio la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y siento que lo ocurrido ayer, cuando se anunció la investigación realizada para desmantelar la estructura criminal que mantiene el control de los centros de detención de todo el país con la participación de autoridades que están subordinadas a reclusos que son quienes de verdad mandan, constituye una prueba de lo importante que es ese apoyo internacional y lo que puede lograrse si contamos con un ente investigador que se centre en el mandato para el que fue creado.
En vez de entrar a lo Rambo a Pavón, como hicieron las autoridades bajo el mando de Oscar Berger como Presidente cuando dispusieron que la forma de resolver el problema que ya existía de reos controlando las prisiones era matar a los reos, la CICIG hizo un serio trabajo de investigación para documentar el caso y poderlo someter a un proceso judicial para que sea en el marco de la ley que se dispongan las sanciones para los responsables. Deberá haber proceso con las debidas garantías procesales, como ocurre y debe ocurrir en cualquier país civilizado, y ahora dependerá de la voluntad política del Presidente y del Ministro de Gobernación el recomponer el sistema carcelario para acabar con las mafias que lo han convertido en lo que es hoy en día, es decir, todo un modelo en el que los delincuentes encuentran no sólo amparo para actuar, sino la tecnología y facilidades para extorsionar, ordenar ejecuciones, secuestros, robos y, de ajuste, contar con la coartada perfecta porque no los pueden acusar de esos crímenes porque cuando fueron cometidos ellos estaban bajo el “cuidado” de las autoridades penitenciarias.
Se traslada ahora el caso, con una investigación que a primera vista parece bastante profunda, a los tribunales para que puedan aplicar los castigos que la ley contempla. Veremos si la sociedad guatemalteca recibe la lección de que en la judicialización de los casos está la respuesta a nuestros problemas o si nuevamente los tribunales fallan contra la razón y el derecho para justificar a quienes pregonan que la justicia por propia mano es la única que resulta efectiva en nuestro país.
Cuando hay voluntad y honestidad, se pueden hacer investigaciones muy precisas para documentar el comportamiento delictivo de los grupos criminales y eso se ha demostrado ya con algunos de los esfuerzos de la CICIG, pero este caso, que ocurre cuando estamos a un año del vencimiento del mandato de la Comisión, es tal vez el mejor estandarte de la importancia que tiene la cooperación extranjera para enseñarnos el camino en la ruta contra las estructuras de la impunidad en Guatemala.
