Juan Francisco Reyes López
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Como última versión de esa triste política salarial, en algunos municipios han salido con la pretensión de crear salarios mínimos exclusivos del municipio, lo cual como dice la expresión popular, llora sangre.
En un canal de televisión, para mi asombro, la alcaldesa Blanca Alfaro salió tratando de justificar que la creación en su municipio de un salario mínimo alrededor del 50% del salario mínimo actual en la maquila, del salario agrícola y del salario para el sector urbano, no crearía una “epidemia”, por el contrario, crearía fuentes de trabajo que en un cortísimo plazo no solo superarían el salario mínimo municipal sino el salario mínimo nacional. ¡Increíble! Hubiera pensado que nunca escucharía dichos planteamientos de una abogada con experiencia como Viceministra de Trabajo que fue; sin embargo, para mi pesar, esa fue su posición.
El salario mínimo debería ser uno solo para todas las actividades del país y por supuesto es un derecho laboral adquirido; por consiguiente, ni puede renunciarse a él, ni puede rebajarse en ningún municipio y todos los argumentos que se puedan esgrimir no solo son ilegales sino vuelven a evidenciar las razones por las cuales hombres y mujeres inmigran buscando mejores ingresos y ante todo respeto a la ley.
Fue durante el gobierno que presidió Alfonso Portillo que casi se logró la unificación del salario a nivel nacional. Un salario mínimo debe verse como la garantía que legalmente se establece para que un trabajador pueda hacer que él y su familia sobrevivan y tengan el poder adquisitivo de comprar la Canasta Básica Alimenticia. No es un salario justo, ni mucho menos un salario digno, razones adicionales aún para incrementar todos los años el salario mínimo vigente.
El gobierno tiene la suficiente información a través del Banco de Guatemala y el Ministerio de Economía, para permanentemente saber cuál es la inflación en el país, que en promedio es del 5% anual. Por tanto, ese sería el incremento que no mejoraría la capacidad adquisitiva de los trabajadores sino solo la mantendría igual supuestamente. Si a ello le agregamos que la inflación en la Canasta Básica Alimentaria, por el abuso que se ha hecho en el valor de los huevos, de la harina, del pollo, de la carne de res, de las pastas alimenticias, cereales, etc., implica que por lo menos el aumento del salario mínimo debería ser del 10%. No hacerlo hace responsable al Presidente de la República, quien es la última instancia, según la ley, en la fijación y reajuste de los salarios mínimos y por consiguiente el principal responsable de la pobreza, de la desnutrición e inclusive de la inmigración.
¡Guatemala es primero!
