Oscar Clemente Marroquín
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Y empezó la Superintendencia de Administración Tributaria con buen pie, creo yo, marcando alguna distancia en ciertos temas con el funesto pasado del control tributario en el país. Sin embargo, estaba llamada a tocar intereses muy grandes, verdaderos gigantes que han operado con total impunidad en Guatemala durante muchos años y que no estaban dispuestos a resignar su poderío, mucho menos la jugosa fuente de negocios que operaba bajo su control. No es secreto que el tema de las Aduanas fue, desde el principio, un verdadero “quitacalzón” para las autoridades de la SAT, con el agregado de que la manzana podrida no tardó en propagar la podredumbre a otras áreas que no habían sido contaminadas inicialmente y que fueron las que permitieron ese salto de calidad que significó el inicio de operaciones de la entidad.
En los últimos años hemos visto que el nivel de mafia se ha propagado tanto que afecta aún a los mandos medios y funcionarios inferiores como se vio con la banda de empleados comprometida con el negocio de robo de carros, cuya documentación falsa era alimentada por personal de la SAT. No digamos cuando había que hacerse de la vista gorda frente a grandes contribuyentes o la recurrencia de viejas prácticas, propias de los tres monos sabios, cuando había grandes defraudaciones.
Pero Aduanas se llevó, y se sigue llevando, las palmas porque constituye el cáncer más profundo, extendido y devastador, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Una intervención del mismo Ejército no permitió mejorar ni un ápice y, por el contrario, los indicadores apuntan a que el contrabando está ahora más floreciente que en cualquier otra época.
Ahora el gobierno está pensando en contratar a una empresa que haga el trabajo que dejó de hacer la SAT, es decir, se reconoce de manera palmaria que el experimento terminó fracasando y que con todo y las herramientas de que fue dotada y los millones que consume en su operación, la SAT resultó menos eficiente que las viejas y podridas administraciones de rentas que se encargaban de canalizar los tributos.
Vuelvo a pensar en las lecciones de mi viejo amigo, con funciones de verdadero e importante maestro, el abogado César Augusto Toledo Peñate, cuando en el Consejo de Estado nos repetía que “hecha la ley, hecha la trampa”. Así nos lo dijo cuando con Amílcar Burgos planeamos la Comisión de Postulación para el TSE y en esas palabras pienso ahora que veo que la SAT, también, terminó en un fiasco.
