Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Poco o nada se ha dicho del tema de fondo que tiene que ver con el planteamiento que vendría a hacer Correa, es decir, la explicación de cómo es que ha funcionado el modelo de gestión que ha permitido a su país dar un salto en verdad significativo hacia el desarrollo para enfrentar con visión de Estado aquellas viejas ataduras que mantenían inmovilizada a la sociedad, cautiva en las eternas complicaciones de la miseria, la falta de oportunidades e injusticia, propias de los modelos de neofeudalismo tan característicos de nuestra región latinoamericana.
El discurso de Correa fue categórico y aunque habló de sus logros en Ecuador, puso en evidencia las carencias de Guatemala y los enormes desafíos que tendríamos que enfrentar si es que algún día queremos salir de esa situación en que nos encontramos y que expulsa por millares a nuestros compatriotas que no ven más futuro que en la migración hacia Estados Unidos, donde a pesar de la discriminación y el racismo, han encontrado condiciones infinitamente superiores a las que jamás podrían hallar en su propia tierra.
La presencia de Correa, por supuesto, pone sobre el tapete el tema de la relación entre los gobiernos y la prensa, puesto que en Ecuador se han dado serios conflictos alrededor de este siempre candente tópico. No creo que la implementación de medidas para acallar a la prensa sea tolerable, desde ningún punto de vista, pero sí que estoy convencido de que la libertad de prensa no es sinónimo absoluto de la libertad de expresión del pensamiento, derecho éste que es en realidad universal. La libertad de prensa puede ser el instrumento para facilitar la libre expresión de todos los ciudadanos, pero se trata de dos conceptos distintos que vale la pena matizar.
Nadie puede negar que las empresas de comunicación tienen, cada una, su propia agenda y que es lícito que como empresas persigan sus propios fines, pero afirmar en términos absolutos que la prensa, como institución, siempre está al servicio de la libre expresión es ignorar las realidades.
En Guatemala hay un tema que a mí me ha preocupado siempre y es el del derecho de respuesta que debe ser, según mi criterio, universal y absoluto porque es el contrapeso a la libertad de libre expresión. Si yo puedo decir lo que quiero, tengo que conceder a quien sea afectado en su honra por mis expresiones, el derecho de refutar o aclarar lo que estime pertinente, no importa si es un funcionario público o un particular. Tenemos una Constitución que nos garantiza que podemos hacer cualquier señalamiento o ataque a un funcionario sin incurrir en delito, pero eso demanda de nosotros no sólo mayor responsabilidad en los señalamientos, sino además la obligación ineludible de permitir la defensa de los señalados.
El mejor balance para hablar de libre expresión es el derecho de respuesta que debe ser una garantía sagrada y absoluta.
