John Carroll
Ya el asunto está empezando a aburrir a algunos que tratamos de mantenernos informados, el gobierno central prepara de nuevo la emisión de Bonos del Tesoro por la bicoca de Q3 mil millones que básicamente son el precio a pagar por la estupidez y necedad del exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno y sus achichincles. Además de este nefasto exfuncionario, pesa también responsabilidad sobre el presidente Otto Pérez Molina, porque todos los analistas serios del país le advirtieron en su momento que la reforma fiscal que propuso e impulsó en el 2012 traería como resultado una baja en la recaudación. Esta baja en la recaudación es la que está provocando que el gobierno central mande emitir los bonos para poder cerrar esa brecha creada. Pero el problema verdadero no está del lado de los ingresos sino se encuentra perfectamente identificable en el lado del gasto. El aparato burocrático ha crecido descomunalmente porque nuestros fundamentos legales permiten que el sistema clientelar cope las estructuras del Gobierno con organizaciones que no sirven para nada y con funcionarios que navegan por años sobre el dinosaurio reumático sin otro fin que el de cobrar un sueldo y abusar de su investidura. Pocos son los funcionarios que quedan con mística de servicio y menos aquellos con principios de honestidad.
No solo es malo emitir bonos por aquello de que en el caso de los gobiernos son un acto típico de procrastinación porque es evidente que en los últimos años ningún gobierno ha querido dar el trago amargo de pagar la deuda que acarreamos los ciudadanos. Creen ellos que entrarle de frente a corregir las raíces de ese problema no les da rédito político y por lo tanto procrastinan esa importante decisión para seguir dándonos pan y circo. Por el contrario, endeudarse les parece atinado porque les interesa a corto plazo quedar bien con bolsas, láminas, fertilizante, casas y cuanta babosada se le ocurra.
También es malo porque abona en los funcionarios la actitud de la corrupción y el despilfarro. Los errores o ineficiencias cometidas por los funcionarios no tienen mucha importancia si siempre estaremos nosotros para recoger su mierda. Ya es hora que nos fijemos y apoyemos nuevas propuestas políticas que propongan atacar este problema a pesar del costo político a corto plazo. Una ley que obligue a utilizar presupuestos balanceados, un replanteamiento del diseño del presupuesto que incluya la privatización y concesiones de servicios y una reducción severa del aparato burocrático, son medidas que irían en el camino correcto.
