La distribución de terrenos para construir hogares sin importar lo sencillo de su infraestructura, es una necesidad a la que cada familia debería tener acceso, no como regalo de nadie, sino como parte de la remuneración a un individuo por ser trabajador y responsable en el manejo de la familia.
Lamentablemente, no existe una política de vivienda determinada que pueda enfrentar la gran demanda de la población, que ofrezca planes y plazos acordes a la realidad económica del país y que venga a ser un paliativo a la migración interna que se fortalece ante la ola de desplazados por la búsqueda de oportunidades o la movilización por razones adicionales como la violencia o los desastres climáticos.
También hay que recordar que hay grupos que han hecho de las invasiones una profesión y son los que toman posesión de los terrenos para posteriormente alquilarlos a esas familias necesitadas que tendrán un pedazo de tierra para vivir mientras dure la resolución para ser desalojados.
Es urgente que este tema que sufrió el primer impacto fuerte tras el terremoto de 1976, sea parte de una política de Estado que tiene que ser lanzada a pesar de la carencia de la planificación municipal que facilite que el crecimiento de los asentamientos se haga de una manera mucho más acorde a la reducción de riesgos y la planificación en prestación de servicios.
Pero el tema termina siendo económico y mientras la gente arrebata como su única opción para encontrar vivienda, seguiremos con estas prácticas. Debiera haber una política de efectiva valuación fiscal de los inmuebles para asegurar que si el Estado tiene que recurrir a la compra de terrenos para vivienda popular, pueda compensar a los propietarios pagando el valor por el que se ha pagado el impuesto correspondiente. La vieja política del auto avalúo podría ser muy útil en esas circunstancias.
Al contar con tierras, se pueden impulsar otras políticas que aún pendientes de ser discutidas, pueden ayudar en varios problemas del país. Por ejemplo, dar los terrenos en usufructo familiar con la condición para mantenerlo de la no participación en algún delito de ninguno de los miembros de la familia. Mientras no se busque una solución, el problema sigue siendo una bomba de tiempo.
