Julio Roberto Bermejo González
Doctor en Derecho
En 1969 el Congreso de la República emitió el Decreto 60-69 que contiene la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala. Esta Ley crea el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, (CNPAG), correspondiéndole al Conservador de la Ciudad la misión fundamental del cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares situados en la ciudad y áreas circundantes. De conformidad con el artículo 15 de la Ley se crea un Departamento que tiene a su cargo todo lo concerniente a construcciones y restauraciones y consecuentemente está bajo su responsabilidad la tramitación de planos y autorización de construcciones privadas y todo lo concerniente a restauración de los diversos monumentos existentes en la ciudad.
El Alcalde de la ciudad es el Presidente del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG) y parece inaudito que en algún momento la Municipalidad o algunos miembros del Concejo Municipal pretendan discutirle al Consejo de Protección de la Ciudad contraviniendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política de la República, la autoridad de tramitar las licencias de construcción y el cobro de las mismas. Esto se ha vuelto una larga discusión en la que no han faltado irresponsabilidades de parte del Alcalde Municipal y del Conservador de la Ciudad, sin que podamos dejar al margen la responsabilidad y falta de autoridad del Consejo de Protección (CNPAG) que está integrado por entidades supuestamente calificadas y responsables. Esta conflictiva situación no puede prolongarse más en el tiempo porque tal discusión ha determinado que se hayan hecho obras y construcciones totalmente ilegales y contrarias al valor arquitectónico e integridad de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.
Constituye un imperativo que la Municipalidad de Antigua Guatemala respete el ámbito de autoridad y funciones del Consejo de Conservación de la Ciudad (CNPAG) y éste, en lo que corresponda debe coordinarse con la autoridad edil. Por muchos años las entidades de la sociedad civil han planteado los problemas que han existido y todavía muchos de ellos no se han resuelto. Para muestra un botón.
Es inaudito que las autoridades (Municipalidad, Policía Nacional Civil y otras) no hayan podido frenar el funcionamiento de establecimientos que venden bebidas alcohólicas sin autorización y más allá del horario que la ley permite y con mayor razón si son centros en los que se consumen drogas. Pareciera ser que la autoridad encubre estas situaciones.
La autoridad municipal se ha resquebrajado y la evidencia es que el último Alcalde electo Adolfo Vivar está preso por corrupto y malversación de fondos y con él varios miembros del Concejo Municipal también acusados de corrupción. La autoridad municipal se debilitó y las mismas autoridades ediles todavía no logran arrancar y los grandes problemas siguen vigentes.
Otro caso crítico que pone de manifiesto la falta de autoridad del Consejo de Conservación de la ciudad (CNPAG), del Conservador a cuyo cargo está la parte ejecutiva y la propia Municipalidad, es lo deferente a la Conservación del lugar histórico constituido por los vecinos de Santa Inés del Monte Pulciano, que están siendo afectados por la construcción de un complejo habitacional conocido como Casco del Cerro, cuyo anteproyecto fue aprobado por el ex-alcalde Adolfo Vivar en 2012 siendo aprobada la licencia de urbanización por el Concejo Municipal de esa época con irresponsable ausencia de autoridad por parte del Consejo de Protección de la ciudad (CNPAG) a la que realmente le correspondía calificar la legalidad y procedencia de la obra.
Hay muchas otras situaciones que están afectando la integridad monumental y conservación de nuestra Antigua Guatemala. Si hay deficiencias legales, responsablemente debemos debatir las reformas que precedan y si en parte hay responsabilidad legal y moral de las autoridades a quienes les corresponda velar por la conservación de la ciudad, como vecinos responsables reclamémoslo y tenemos abierta la posibilidad a través de la gestión de un Cabildo abierto o que se practique una Consulta Popular, ambas vías que pueden permitirnos reclamar lo que corresponda y que el sentir de la población antigüeña sea oída.
