Juan José Narciso Chúa
La migración en el caso de Guatemala tampoco es reciente, de hecho fácilmente se pueden sumar cinco décadas de personas movilizándose hacia el norte con el objetivo de conseguir mejorar sus condiciones de vida y Estados Unidos ha cobijado en su territorio a fácilmente a 1.3 millones o más de compatriotas que hoy tienen residencia en ese país e incluso muchos han obtenido su estatus legal de ciudadano americano. Para todos los guatemaltecos este fenómeno no resulta nuevo, al contrario, todos tenemos más de algún pariente que vive en dicho país y que con esfuerzo y trabajo ha podido cristalizar muchos sueños que acá se hubieran tornado difíciles de alcanzar.
La migración desde hace años también ha sido un proceso difícil y la política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido adversa a la movilización de personas a pesar que todas ellas han ocupado aquellos puestos operativos que a los residentes les resultan poco atractivos o de baja categoría y con su esfuerzo permanente han contribuido a la economía en ese país y ni hablar del apoyo impresionante que han hecho para la economía nuestra con el flujo de remesas familiares que el año pasado alcanzaron los 5 millones de dólares americanos.
Hoy se ha agudizado y evidenciado más la cuestión migratoria porque alcanzó cifras que no se habían tenido en muchos años. Seguramente, las potencialidades positivas de una reforma migratoria que permitiría a muchos conciudadanos regularizar su situación de residencia, aceleró la migración e incluso motivó a familias a llevar a sus hijos y el extremo fue de aquellos niños o adolescentes que sin compañía de adulto responsable buscaron el reencuentro familiar y de ahí una potencial mejor vida por aquellos lares.
Solo en el marco de la enorme desigualdad social que persiste en el país, expresado por condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como por carencia de empleo, se puede explicar la migración como un recurso final para buscar salir de una situación de angustia, de bajos ingresos, de empleo informal, de hambre y de desesperación por encontrar un futuro distinto. Todos estos fenómenos son resultado de postergar la implementación de políticas públicas coherentes y consistentes que tiendan a crear condiciones para una sociedad más equilibrada; lo cual pasa por reiterar la irresponsabilidad de los gobernantes quienes se han dedicado a enriquecerse y a servir dócilmente a las élites para continuar en esa ilógica de la economía del privilegio, de la exención tributaria ad eternum y de configurar un Estado débil, instituciones frágiles y políticas públicas clientelares.
Los niños merecen un mejor futuro, pero ante todo se les debe otorgar un presente decoroso, digno y con condiciones para desarrollarse plenamente en un contexto educativo de calidad, con servicios eficientes de salud, transporte y vivienda. Criminalizar a los padres como pretende la actual Fiscal es un grave error y una falta total de conciencia con la realidad del país y un gobierno sin la menor capacidad de comprensión de su entorno social, únicamente abonan más para socavar aún más, la débil y cada vez menor paciencia de los ciudadanos.
