Y es que dicho proyecto se quiere presentar en el mismo momento en que existe una terrible situación por la crisis de recaudación que se ha enfrentado durante el actual período fiscal y que incluye un severo hoyo para la cobertura el presupuesto vigente para el presente año.
Mientras tanto, el gobierno central se ha tenido que comprometer con préstamos de las instituciones financieras internacionales para darle, al menos, los fondos que para el funcionamiento necesitan las entidades estatales y parece que seguirá siendo la práctica para nutrir la falta de resultados de la SAT.
Pero también viene en el momento en que la mayoría del empresariado quiere que se apruebe una Ley de Inversión y Empleo que le generaría una fuerte exoneración por un largo período de tiempo sobre los ya paupérrimos, débiles y evadibles tributos que tenemos los guatemaltecos.
O sea que no hay por dónde se pueda encontrar una salida al financiamiento de las cantidades que el ministro Carías está planteando. Si es el caso que él ya tiene las fuentes identificadas, sería bueno que las empiecen a utilizar para que se recaude algo de esa plata para salir del atolladero en que se encuentran actualmente.
De igual manera, sería conveniente iniciar un trabajo fuerte de combate a la corrupción para intentar determinar los valores reales del gasto e inversión que requiere el Estado en lugar de estar pagando los sobreprecios que incluyen la comisión, sociedad, mordidas o cómo quiera llamársele al dinero que se reparte en la otorgación de contratos y concesiones.
No somos un país con los recursos para sostener un presupuesto como tal y tampoco lo seremos mientras quienes administran los fondos no apliquen una política de austeridad acorde a las necesidades del país y a la realidad de nuestros ciudadanos. Pero tampoco lo seremos mientras la corrupción y los intentos por legalizar la evasión sigan siendo el principal interés de quienes se comparten la responsabilidad de la falta de desarrollo del Estado con los políticos. Urge encontrar la forma de sanear las finanzas y, acorde a ello, de presentar un presupuesto que no intente tratar como monarquía europea a los servidores públicos.
