En los últimos días Guatemala y sus ciudadanos han vivido sumergidos en la desconfianza y la desolación, con la vista puesta en las elecciones de segundo grado para el nombramiento de magistrados a Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad, ya sabemos que en el Colegio de Abogados y Notarios trataron de entorpecer la elección por parte de la Fiscal General con una denuncia hasta hoy que no es pública y en la que solo la fiscalita estrella y ejecutora del MP sabe, y con un tal Secretario General que dice que hay 3,000 carnés del Colegio de Abogados falsos, vaya menudo criterio con saber que son tres, pero bueno. Mientras tanto en La Antigua Guatemala, el Consejo Superior Universitario, le da la espalda a la todavía Fiscal General del MP, así como la Magistrada de la CC Leyla Lemus. De ello se denota, primero que Giammattei y su amiguito han perdido protagonismo en el CSU, Mazariegos sin duda a pesar que llegó de una manera más que dudosa, es que ahora se ha decantado por dos opciones que no estaban en el radar de nadie.
Se vienen momentos de preocupación en la selección, designación y nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y el resto de la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en noviembre, la selección y nombramiento de Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
La Constitución de la República les asigna a esos funcionarios su labor y deben tomar en consideración que la carta magna, con 40 años de haberse promulgado debe respetarse, quien actúe en contra de la carta magna, no puede considerarse digno. El colegio de abogados seleccionó a los futuros magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pende de que el Congreso de la República, elija a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que tienen por ley, abrir el proceso electoral de las elecciones generales, para elegir a los jefes del Ejecutivo, diputados al Legislativo, Parlacen y las 340 corporaciones municipales.
Hay preocupación y descontento en la población y en organismos internacionales, la acción del pasado jueves 19 del presente mes, al allanar el Ministerio Público, las elecciones para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que por el momento ha quedado fuera la menos querida para dicho cargo, el MP violentó una vez más el derecho al voto y la secretividad del sufragio de los profesionales del derecho, una acción que violenta la carta magna, no coincidiendo con lo que dicen las leyes del país, acción que quedará marcada en la historia jurídica y política del país, contra la hasta hoy jefa del ente investigador María Consuelo Porras Argueta, que ha sido declarada indigna en toda la comunidad guatemalteca y a nivel internacional.
El futuro de Guatemala está en los comisionados que por ley tienen que seleccionar, elegir y nombrar a esos funcionarios, que deben examinar su hoja de vida, sean dignos, honrados y transparentes en bien de nuestro país, despojarse de intereses políticos en bien de nuestro país y no olvidar que los comisionados internacionales, supervisarán esos eventos, para bien de nuestro país.
No hay que olvidar que políticos ambiciosos se conjugan con narcos, el crimen organizado y sectores conocidos para tener beneficios políticos y económicos. Una lección que dieron los electores en el Colegio de Abogados, a los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad, el ex decano y ex rector de la Usac, Stuardo Gálvez y el actual magistrado del ente constitucional, Ismain García Pimentel, que pretendían ser seleccionados para dicho órgano y son los que han tenido por años el proceso de seleccionar a funcionarios de alto perfil, teniendo por esos hechos, beneficios económicos y políticos.
En razón de todo ello, los guatemaltecos y los observadores internacionales, debemos unirnos, evitar que los funcionarios que sean seleccionados, nombrados y elegidos, sean dignos y serán responsables de lo que se haga en los próximos años. En relación al Tribunal Supremo Electoral, debe conocerse que ese ente, tiene “supremacía” en todo evento electoral, judicializarse un evento electoral, quebranta el Estado de Derecho y va en contra de la democracia, que pugnamos todos los guatemaltecos.
No debe repetirse el incidente que se dio en las elecciones del 2023, donde el Ministerio Público, accionó ilegalmente inventando un supuesto fraude, con frívolos argumentos, donde los cantones indígenas actuaron con dignidad, para que respetara la voluntad del pueblo, ello originó el encausamiento y procesos contra Héctor Chaclán y compañeros, al imputarles el MP acciones que no coinciden con lo que indica la carta magna.
En razón de lo que aquí ha quedado dicho, tenemos plena confianza en los comisionados. Es imperativo que la actual ley electoral y de partidos políticos se reforme, función que corresponde a los magistrados del TSE y los que serán elegidos por el Congreso. La actual ley, de esos organismos, tiene fallas de forma y de fondo y no se ajusta al cambio que ha tenido Guatemala, que ha vivido una vorágine de dignación por la corrupción de los últimos gobiernos, que tiene sumido y en abandono al país, que debe ser digno, para todos los que vivimos en el país, de la eterna primavera.
