El jueves pasado 12 de febrero quedará en la historia como el día que una institución pública representada por el Ministerio Público trató de boicotear la elección de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.
La democracia institucional se vio violentada en la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dejando claro que Guatemala está bajo el amparo de dos corrientes políticas: una corriente que lucha por recuperar la institucionalidad del Estado y la otra corriente que busca la perpetuidad del poder para manipular a su sabor y antojo las instituciones, socavando la democracia y fortaleciendo la impunidad.
Esta crisis llegó al punto de que a los colegiados de ciencias afines se les vedó el derecho al voto, no obstante que desde hace décadas lo habían ejercido. Y una acción de amparo extemporánea y espuria les dejó fuera de poder elegir en esta contienda gremial.
En la primera vuelta quedó claro que el gremio Abogados y Notarios en su mayoría querían un cambio, cambio que se confirmó en la segunda vuelta, con la victoria de la planilla 1.
Ese fatídico día, una de las fiscalitas estrellas de la M.P. practicó una especie de allanamiento por una orden conseguida con un juez sacado seguramente de una caja de cereales, en la que fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil ingresaran a los centros de votación donde se desarrollaba la elección para designar magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. La fiscalita Leonor Morales, indicada, visiblemente nerviosa y acompañada de seguridad, aseguraba a la prensa que dicho operativo era legal y no tenía por qué afectar el trámite de la votación, mientras que Luis Fernando Bermejo, quien fue electo, sostuvo que sí hubo una interrupción que afectó la participación en la emisión de urna de varios de los agremiados.
El allanamiento afectó sensiblemente el desarrollo de la elección de segundo grado, cerrando los centros de votación por un periodo largo de tiempo; pese a ello, no impidió que allegados a la planilla 1 emitieran su voto a favor de esta, otorgando una ventaja sobre la planilla 2. El MP documentó los cuadernillos y material electoral con cámaras y permanecieron durante el conteo tras el cierre de los centros al llegar a las 18 horas.
Ya al cierre, en pleno conteo de votos, se registró un apagón en un transformador frente al recinto del Club La Aurora, lo que elevó la tensión e impidió el conteo a viva voz de los votos, al punto que llegaron a catear a la presidente del Colegio Patricia Gamez.
El cateo provocó pronunciamientos del presidente Bernardo Arévalo, reacciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y una resolución de la propia Corte de Constitucionalidad ordenando garantizar la continuidad del proceso sin interferencias y, como dice el dicho, ahora para qué, o bien después del trueno, Jesús María, más vale pedir perdón que pedir permiso. Total, el daño a la institucionalidad estaba en proceso, no sin dejar de paso la construcción de la narrativa de fraude de las elecciones por los netcenters y cuentas que pertenecen al pacto de corruptos en las redes sociales, principalmente en la cuenta X.
Pese a todos los sucesos, el escrutinio concluyó y a las 22 horas en él se oficializaron los resultados que dieron como ganadora a la profesional del derecho Astrid Lemus, como magistrada titular, y a Luis Fernando Bermejo, como suplente, quedando claro que el gremio de colegiados de abogados y notarios quiere el cambio y recuperar la institucionalidad e independencia de los organismos del Estado en materia de Justicia.
Los guatemaltecos ya no queremos una “dictadura judicial”.
El sistema de justicia está aún capturado por actores políticos que ejercen el poder de forma arbitraria, el orden constitucional y la normativa legal, en beneficio de la impunidad y de la corrupción, actores que buscan socavar las instituciones democráticas y la moral y valores de libertad de la población.
Esta situación se caracteriza por la judicialización de la política, en la que deviene procesos legales y resoluciones judiciales para perseguir a opositores, periodistas y activistas y hasta políticos o para intervenir en resultados electorales. También busca socavar la independencia de los organismos del Estado, el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo y, sobre todo, el Control institucional “secuestrando” cortes y fiscalías, el Ministerio Público para asegurar la impunidad de ciertos grupos y, por último, normalizar la criminalización y el terrorismo usando al Estado para lograr su cometido, limitando el pluralismo y la competencia democrática.
La institucionalidad del Estado de Guatemala debe ser fundamentada en una república democrática y representativa, regida por la Constitución Política de la República y no por fallos constitucionales arbitrarios y espurios; empero, TODOS LOS BUENOS GUATEMALTECOS DEBEMOS RECURRIR A LA INSTITUCIONALIDAD Y LA DEMOCRACIA PARA SER UNA NACIÓN LIBRE, SOBERANA Y SOBRE TODO DEMOCRÁTICA.
