El Ministerio Público, hoy por hoy es considerado como enemigo de la Ley de Emisión del Pensamiento y de los profesionales que haciendo uso de su derecho de informar objetivamente, han sido sindicados de violar la ley, contraviniendo el ente investigador, lo que claramente indica el artículo 35 de la Constitución de la República que dice en lo conducente. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
La actual Jefe del Ministerio Público, ha enfrentado diversidades críticas y denuncias relacionadas con su gestión, dentro de las cuales se incluyen las acciones de «corrupción significativa», socavar la democracia valiéndose de su puesto como Jefe del ente del monopolio de la acción penal, tanto guatemaltecos como países amigos le consideran una actora «antidemocrática» y la acusan de obstruir investigaciones anticorrupción, atacar a fiscales independientes y debilitar el Estado de derecho. Dentro de los principales señalamientos hechos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América la Inclusión en listas de actores corruptos, ya que desde septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a Porras en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, designándola bajo el artículo 353 por obstruir investigaciones de alto nivel. De haber atacado a fiscales anticorrupción en juicios espurios en colisión con asociaciones civiles, también la Embajada ha denunciado que los esfuerzos de la Fiscal General se enfocan en perseguir a fiscales, jueces y magistrados que luchan contra la impunidad, forzando a varios al exilio; de obstrucción de la justicia. Se le acusa de generar retrasos inusuales en casos penales, limitar la publicidad de las audiencias y filtrar información de casos reservados., del debilitamiento de instituciones, Estados Unidos ha afirmado que sus acciones fomentan la corrupción y socavan la confianza en las instituciones democráticas de Guatemala, así el Departamento de Estado ha aplicado restricciones de visa y sanciones, incluyendo a su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, por su implicación en actos de corrupción. Estas posturas han sido constantes en los informes de la Embajada, especialmente a partir de la destitución del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2021, marcando una ruptura significativa en la relación de cooperación judicial entre Estados Unidos y el Ministerio Público de Guatemala, tampoco podemos pasar por alto los señalamientos de plagio de tesis, falta de idoneidad, falta de capacidad, protección de exfuncionarios públicos. También los países de Suiza y el Reino Unido también han aplicado sanciones similares.
Supuesto plagio de tesis: Durante su proceso de postulación, se presentaron objeciones (tachas) en su contra, una de las cuales alegaba el plagio de su tesis doctoral.
Falta de idoneidad y protección de funcionarios: Organizaciones y diputados han presentado tachas y denuncias argumentando que carece de la idoneidad necesaria para el cargo, señalando que supuestamente ha protegido a funcionarios públicos acusados de corrupción y ha obstaculizado investigaciones.
Intentos de obstaculizar la transición presidencial: Fue señalada por intentar impedir la toma de posesión del actual presidente Bernardo Arévalo, acciones que han sido calificadas de «acciones espurias, maliciosas y antidemocráticas» por el presidente, generando denuncias formales por parte del gobierno.
La criminalización de la libertad de expresión ha sido criticada por presentar acciones legales que buscaban limitar las opiniones y críticas a su gestión en los medios y la opinión pública, lo cual ha generado preocupación sobre la libertad de prensa. En junio de 2024, se presentó una denuncia contra ella y expresidentes por posibles delitos de lesa humanidad.
A todo ello, la Corte Suprema de Justicia, resolvió con lugar la apelación que presentaron varios comunicadores del desaparecido diario elPeriódico, ordenando el archivo del expediente, al considerar que las acciones de los jueces, no están encuadradas a derecho y no pueden ser juzgados por tribunales comunes, como lo juzgó el juez Bremer. En las acciones contra un comunicador social o cualquier ciudadano, que se considere agraviado con una publicación o información, debe recurrir a un tribunal de Imprenta, como dice la Ley.
El Ministerio Público, promovió una acción de amparo, contra la resolución de la CSJ que favoreció a los periodistas Denis Aguilar, Rony Ríos, Alexander Valdez, Cristian Véliz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Edgar Gutiérrez, que conformaron parte de la redacción del citado medio, cuyo presidente y fundador Jose Rubén Zamora Corletto, lleva casi tres años de guardar prisión ilegalmente, pese a que ha demostrado reiteradamente que las sindicaciones que le hace el MP no tienen sustentación legal, es espuria y política en venganza por las publicaciones que hizo en el citado diario, contra el expresidente Alejandro Giammattei.
Al ente que recurrió el Ministerio Público, está obligado a resolver con apego a derecho y cumplir con lo que indica claramente la ley, especialmente la Carta Magna. Varios periodistas se vieron forzados a abandonar el país para evitar su captura y enjuiciamiento, esperar retornar e incorporarse a su familia, pero temen que el ente investigador en sed de venganza, promueva demandas políticas y espurias, como ha sido la temática de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, que en los meses que le quedan para dejar el cargo, sigue con su política de venganza, como un acto de “agradecimiento” con Giammattei, que la renombró para ese cargo.
La comunidad internacional ha sido clara en censurar a los funcionarios del Ministerio Público y vedarles el derecho de pisar suelos extranjeros, por sus acciones que atentan contra la libre emisión del pensamiento y las leyes del país.
El Ministerio Público, al impugnar por la vía del amparo la resolución del máximo tribunal de justicia, demuestra venganza y un total desconocimiento de lo que indican las leyes de la materia y se reitera nuevamente que el encausamiento de Zamora Marroquín, es ilegal y no han considerado que el comunicador que ha sido reconocido internacionalmente, se le veda el derecho de gozar de libertad y está sufriendo severos problemas de salud.
