La democracia es el sistema de gobierno que combina la soberanía popular por medio de la democracia con una estructura institucional basada en la ley y la división de poderes que conocemos como República. En ella nosotros los ciudadanos elegimos por medio del voto a nuestros representantes en cargos de elección popular, en el Ejecutivo al Presidente y Vicepresidente, en el Legislativo a los diputados y Corporación Municipal.
Este proceso electoral está amparado por una legislación especial, que regula en materia electoral la inscripción de partidos políticos, es decir instituciones de derecho público, cargos a elección popular, y asociaciones cívicas o bien políticas, Le ley Electoral y de Partidos Políticos de rango constitucional, busca la alternancia en el poder y fiscalización entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Democracia tiene como características fundamentales a la Soberanía Ciudadana y Representación, lo que se traduce en que el poder reside en el pueblo, que lo ejerce a través de representantes electos mediante voto popular libre y periódico.
La División de Poderes es el contrapeso que evita la concentración del poder, este se divide en tres órganos independientes: Ejecutivo Presidente, Legislativo diputados y Judicial Magistrados y Jueces. En este sistema debe de prevalecer el Imperio de la Ley en la que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la Constitución y las leyes.
La democracia debe tener como principio la temporalidad y alternancia en el poder, en la que cargos públicos sean temporales, permitiendo la renovación de autoridades para evitar que se perpetúen en el poder. La responsabilidad y transparencia es el pilar de los principios democráticos para su practicidad.
Por todo ello, existe gran interés y expectativa en la población y los partidos políticos, la integración del Tribunal Supremo Electoral, exige y se demanda de los comisionados tengan consciencia que los seleccionados sean profesionales de alto perfil, idóneos, capaces y honrados, y sobre todo comprometidos con la democracia.
Se cuestiona que la conformación de la comisión, que por ley la preside el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sea Wálter Mazariegos, quien no goza de credibilidad, sindicándosele de impostor e impuesto mediante un fraude por el expresidente Alejandro Giammattei.
La expectativa es mayor, al decir que los comisionados no entrevistarán a los postulantes, para establecer su capacidad, poniendo como causal que el tiempo es limitado para conocer su hoja de vida. Poniendo como causal que, al analizar los expedientes, compete por ley al Congreso, elegir a los más idóneos y serán los diputados que deben determinar si los futuros magistrados electorales están capacitados para esas magistraturas.
Los futuros dirigentes del Tribunal Supremo Electoral, deben emitir el decreto de convocatoria para las elecciones generales, para elegir a los funcionarios del Ejecutivo, 160 legisladores al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano y los jefes edilicios del país, un proceso que debe ser transparente para dar confianza en el electorado y evitar los incidentes que se dieron en el proceso electoral del 2023, donde el Ministerio Público y el Organismo Judicial, no respetaron la “supremacía” que por mandato constitucional tiene el ente electoral.
El presidente Arévalo, ha demandado que en el proceso de selección y elección de los funcionarios electorales, la presencia de observadores internacionales y el pueblo, sean testigos idóneos del proceso de elección y selección de los próximos magistrados electorales, del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, de la Corte de Constitucionalidad y evitar que los vicios del pasado donde se eligieron y nombraron a personajes sin mayor capacidad, por tener vínculos políticos con el régimen de turno.
Por dignidad el rector Mazariegos, debió excusarse de integrar esa comisión, en la dirección de la máxima casa de estudios, se le ha sindicado por académicos y estudiantes de hechos al margen de la ley y no ha convocado a académicos y estudiantes, para renovar el Consejo Superior Universitario, a pesar de que resoluciones judiciales, le ordenaron que renueve dicho Consejo y ha asegurado que se postulara para su reelección, la que rechazan la comunidad universitaria sancarlista.
Hasta ahora se conocen algunos nombres de los profesionales que pretenden dirigir el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, severamente cuestionado por los diputados que públicamente le pidieron su dimisión, Demetrio España Mérida, Carlos Roberto Garza, actual inspector electoral y otros.
En el pasado dirigieron el ente electoral prestigiosos profesionales del derecho: Arturo Herbruger Asturias, quien fue su primer presidente y quien ejerció la vicepresidencia de la República, cuando dirigió el Ejecutivo el ex Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, Félix Castillo Milla, Mario Roberto Guerra Roldán, ya fallecidos.
No hay que olvidar que los actuales magistrados del relacionado organismo, cuatro fueron separados de esas plazas por orden judicial y un amparo resolvió que reasumieran sus cargos. La imputación contra los jefes electorales, fue promovida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al imputarles hechos que hasta hoy no han sido probados legalmente y para conocer todo proceso en esa materia, hay una fiscalía especial electoral, y el jefe de la FECI, José Rafaél Curruchiche Cucul, se abrogó ese derecho y dice ser “defensor del pueblo”.
