Este año será de tensiones políticas, de incertidumbre, exigencias. Es ahora que la población que tiene principios democráticos debe de unirse, siendo observadora imparcial de las decisiones que toman las instituciones en estas elecciones de segundo grado.
Basta con regresar a la última elección y periodo de funcionarios, para darse cuenta que los funcionarios electos en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, en algunos casos el Tribunal Supremo Electoral, así como la Corte de Constitucionalidad han cooptado los mismos para intereses propios de políticos, empresarios y narcos, que han impedido la correcta aplicación de la justicia y la inversión en el país.
La fiscalización ciudadana es la capacidad y el derecho de los ciudadanos para vigilar y controlar las acciones y decisiones de las instituciones públicas, asegurando que se manejen los recursos y se cumplan las funciones con transparencia y legalidad, combatiendo la corrupción y fortaleciendo la democracia. Se trata de una participación activa que va más allá de solo votar, involucrando la denuncia, el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios.
Y funciona por medio de mecanismos de participación que incluyen auditorías sociales, tanto en las instituciones como en la participación cívica, haciendo denuncias directas y audiencias públicas, y el uso de herramientas de rendición de cuentas, interactuar con entidades constituyendo organizaciones ciudadanas que cuestionan con debate crítico a las entidades, haciendo pública la información y resultados de la fiscalización pública del actuar de funcionarios e instituciones. Es la sociedad por medio de las élites que debe de asegurar que la administración pública actúe con imparcialidad, legalidad y ética, enfocándose en los principios de democracia y justicia y sobre todo probidad y ética.
Uno de los procesos políticos que son de interés, la selección, elección y nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, misma que este año será renovada, no permitiendo la reelección de los actuales jueces del máximo órgano constitucional para no repetir la desastrosa administración de los togados constitucionales, quienes olvidaron la función esencial de la defensa del orden constitucional y su actuar con independencia de los demás organismos del Estado.
Sin embargo, los actuales magistrados, en varias de sus resoluciones se les ha asociado a intereses políticos y espurios, no han cumplido con lo que claramente regulan las normas que dieron vida jurídica a ese tribunal.
No hay que dejar pasar el papel histórico jurídico-político y constitucional que tuvieron los magistrados de ese Tribunal, en el llamado “serranazo”, cuando el presidente de la época, Jorge Serrano Elías, intentó dar un golpe de estado, disolviendo el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Siendo presidente de la CC, el connotado jurisconsulto Epaminondas González Dubón, conocido en el gremio como “Epa”, se armó de valor, convocó al pleno de magistrados y asumió temporalmente la dirección del país, obligando a Serrano, a salir subrepticiamente del país, refugiándose en Panamá, donde ha permanecido por años, por ese acto totalmente violatorio a la Constitución, se enjuició a su expresidente Gustavo Espina Salguero, que logró librarse de ser condenado.
Con el correr de los años prestigiosos profesionales del derecho han sido magistrados de ese alto Tribunal. Tuve el honor y el alto privilegio de ser nombrado como Secretario de Comunicación de ese alto tribunal en la presidencia de Rodolfo Rothomoser y desarrollamos el rol que le compete a un comunicador.
De acuerdo con la Carta magna, la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares e igual número de suplentes: por la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, Presidente de la República, Consejo Superior Universitario y la asamblea del Colegio de Abogados. La actual Corte está conformada por Leyda Lemus, nombrada por el expresidente Giammattei, cuando ella era Secretaria General de la Presidencia, Dina Ochoa Escribá, que lleva 2 períodos, elegida por el Congreso de la República, Héctor Hugo Pérez Aguilera, por la Usac, que ilegalmente lo eligió, no siendo docente de la máxima casa de estudios, como dice la ley, anteriormente fue jefe del Ministerio Público, Néster Vásquez Pimentel, que no debió ser seleccionado por el Colegio de Abogados, siendo magistrado de la CSJ se vio imputado en el proceso de las Comisiones paralelas 2016, desvaneció los cargos que le fueron imputados, junto a Gustavo Alejos y se le ha sindicado ser operador político en los eventos para seleccionar a funcionarios para importantes cargos en entes estatales
Roberto Molina Barreto, reelegido para esa magistratura, seleccionado por la Corte Suprema de Justicia, que tenía vedado ese nombramiento, fue candidato vicepresidencial con Zury Ríos Sosa, cuando la relacionada por primera vez se postuló como candidata presidencial. Los suplentes, Juan José Samayoa, Luis Rosales, ex Procurador General de la Nación en el gobierno de Ríos Montt, siendo vicepresidente del Congreso, aceptó esa suplencia, por cuestiones políticas, Rony López, ex secretario del MP, Claudia Paniagua, y Walter Paulino Jiménez.
Se conoce que los magistrados titulares, a excepción de Molina Barreto, pretenden su reelección, no debe permitirse y es aquí donde el pueblo debe unirse y evitarla, en razón que el máximo Tribunal Constitucional, es uno de los entes más importantes de la historia política de Guatemala, la renovación es de vital interés para el pueblo. Analistas han recomendado la no reelección de los togados, su desempeño ha sido severamente cuestionado, sea asociado a políticos para resolver lo que no indica la carta magna.
Ha resuelto esta Corte, acciones ilegales. Permitió que la actual Corte Suprema de Justicia creara una sala de apelaciones, sin la autorización del Congreso de la República, como dice la ley, hizo caso omiso de las acciones para no permitir el incremento que se autorrecetaron ilegalmente en noviembre del 2023, los diputados y otras acciones que se han considerado ilegales.
Las entidades que deben elegir, seleccionar y nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben asumir responsabilidad, designando togados de alto perfil, que tengan pleno conocimiento de conocer a fondo lo que dice la carta magna. Arévalo ha solicitado la presidencia de organismos internacionales, como observadores, para elegir al nuevo jefe del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto los magistrados del ente constitucional, entidad que juega un rol de primera línea en los procesos electorales, tener en cuenta lo que ocurrió en el pasado proceso electoral, que la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, intentó con diputados de la oposición impedir el ascenso al ejecutivo, del presidente César Bernardo Arévalo de León, cuyos antecedentes son del dominio naciona
