Estos días serán de tención, al abrirse el proceso de selección, elección y nombramiento del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, que por ley le corresponde nombrar al presidente de la República, que en mayo deberá sustituir a la controversial jefe de esa entidad, María Consuelo Porras Argueta, que en gestión en la administración de Bernardo Arévalo León, se tornó difícil al no cumplir con encausar a funcionarios que le antecedieron al actual mandatario, que dio origen a un marcado distanciamiento y a conflictos que aún se mantienen, han sido un marcado desgaste para el jefe del ejecutivo y su gobierno.
Las Comisiones de Postulación, deben asumir el rol que necesita la población, como es seleccionar a los mejores profesionales para dirigir el ente investigador, y seleccionar a los mejores profesionales del derecho para la Corte de Constitucionalidad, que no ha cumplido con ser garante del Estado de derecho y lo que indica claramente la Constitución de la República, al emitir fallos que no encuadran en la verdadera defensa de la carta magna. En razón a esa situación, se demanda que los 32 comisionados que integran la relacionada comisión, se compenetren en el marco constitucional, seleccionando a los profesionales del derecho para dirigir la Corte Constitucionalidad, no incluyendo a los actuales que se sabe hacen acercamientos con diputados y comisionados, para su reelección, una situación que no se debe aceptar, mucho menos permitir, sería seguir igual o peor y el país, necesita un cambio de forma profundo y no caer en el laberinto que hemos tenido en los últimos años.
Se conoce que, hasta ahora, la Fiscal Porras Argueta, para seguir teniendo inmunidad, pretende ser elegida por el Congreso, como magistrada de la CC, Carlos Stuardo Gálvez Barrios, ex rector de la USAC, operador político en estos eventos, negocia con el Consejo Superior Universitario, para ser elegido como magistrado del tribunal Constitucional.
Néster Vásquez Pimentel, magistrado titular de ese órgano y también operador en esos procesos, pretende su reelección, como sus colegas Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Ochoa Escribá y la actual magistrada-presidenta Lesly Lemus, nombrada por el expresidente Alejandro Giammattei Falla.
Hasta ahora se desconocen oficialmente quiénes son los profesionales del derecho que se postularan para esas magistraturas. Abogados de prestigio de alto perfil, se abstienen que presentan su hoja de vida para esas magistraturas, están conscientes que los que llegan a esos cargos sobornan, a los comisionados y a los diputados, un hecho que es del conocimiento público, que por años para algunos ha sido “aparente normal”.
En círculos políticos del gobierno se conoce que el futuro sustituto de Porras Argueta, en el Ministerio Público y la Fiscalía General, podría ser Alejandro Balsells Conde, asesor y allegado a Arévalo, pero todo si es que la Comisión Postulación lo incluye en la nómina de los seis postulantes.
Los próximos días serán de tensión y presión del pueblo para los diputados que deben tener en consideración que instituciones de prestigio, la Organización Estados Unidos de América (OEA). Las Naciones Unidas (ONU). y europeas, tienen sus ojos puestos en Guatemala, el gobernante Arévalo les ha pedido que observen ese proceso, para que el país recobre credibilidad y es ahora, cuando el país debe cambiar y no caer en pantano de la inmundicia que lo han colocado los regímenes del pasado y ahora es el cambio para que Guatemala, sea diferente, una nación de credibilidad y progreso.
El Organismo Judicial, hasta ahora no ha elegido al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia que, por ley, ese organismo nombra a un magistrado para la CC. que sustituirá a Roberto Molina Barreto, que en dos periodos ha sido juez de ese organismo y del Congreso de la República, sin tener la calidad moral, pues fue candidato vicepresidencial, cuando Zury Ríos Sosa, se postuló por primera vez, como candidata presidencial.
Se espera que los comisionados examinen a profundidad los expedientes que pretenden esos cargos, sean honestos, idóneos y capaces, para esos cargos, no se les designe por intereses políticos o sobornos que ha sido una norma en el pasado.
