El Tribunal Supremo Electoral, es la máxima entidad en todo proceso electoral. Las acciones que se promovieron en las elecciones del 2023, quebrantaron el Estado de derecho. La comunidad internacional supervisó los comicios y dio certeza que el pueblo había elegido a los actuales jefes del Ejecutivo, diputados y corporaciones municipales. El Ministerio Público, inició una cacería contra políticos y funcionarios del ente electoral, dando por sentado que se habían cometido irregularidades y un juez abrió proceso penal contra cuatro de los magistrados titulares de órgano electoral, que dio origen que la Blanca Odilia Alfaro Guerra, asumiera la presidencia, en sustitución del titular Vladimir Gabriel Aguilera Bolaños.
Los magistrados suplentes fueron convocados para sustituir a los titulares y en su gestión no compaginaron con Alfaro Guerrera, que en varias ocasiones denunció la incomparecencia al pleno y hubo de accionar por la vía constitucional para lograr armonía y consenso. De esa controversia, amparos que promovieron políticos inconformes con la resolución del órgano electoral, manifestaron inconformidad.
Los magistrados titulares Aguilera Bolaños, Irma Palencia. Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco Flores, fueron imputados de hechos que se sustancian en los tribunales y se les separó de sus cargos, prohibiéndoles tener contacto con el personal de ese órgano electoral.
Alfaro en una entrevista radial aseguró que el Ministerio Público, le imputa hechos en su función de funcionaria electoral y demandó públicamente que Aguilera Bolaños, asumiera la presidencia del Tribunal Supremo Electoral para solventar la imputación que le hace el ente investigador.
La función de los titulares de la relacionada entidad, será por unos meses. El Congreso de la República, convocó a la comisión de postulación que por ley preside el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala Walter Mazariegos, para seleccionar a los próximos magistrados de esa entidad, que obliga a los comisionados ser dignos del trabajo de seleccionar a los mejores profesionales que tendrán la responsabilidad de las elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades del Ejecutivo, del Congreso, Parlamento Centroamericano y las 340 corporaciones Municipales.
La Comisión de selección de los futuros magistrados electorales, deben tener claro cumplir con su trabajo y dignificar al Tribunal Supremo Electoral, que por ley tiene “supremacía” en todo proceso electoral. Deben reconocer los comisionados, dignidad, decoro, capacidad e idoneidad, honradez y decencia de los togados que han dirigido ese órgano. Especialmente a su primer presidente el digno abogado Arturo Herbruger Asturias, quienes en otros períodos lo sucedieron: Félix Castillo Milla, Mario Roberto Guerra Roldán, Ángel Alfredo Figueroa, Julio Solórzano, y otros connotados profesionales que fueron elegidos por su excelente hoja de vida, no tenían vínculos políticos.
Si bien es cierto que aún pende que los magistrados Aguilera Bolaños y sus otros colegas, fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia, el proceso en su contra por el caso Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (trep), está abierto, se debe tomar en consideración la supremacía del ente electoral, que regula la Carta Magna. La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia provisionalmente dejó en suspenso las acciones contra Aguilera Bolaños y compañeros y será en su momento que los imputados diriman su situación, que el MP. actúe con independencia e imparcialidad y los últimos meses de la Fiscal General María Consuelo Porras, trate con sus allegados, reivindicar al Ministerio Público, porque las horas y los días están contados para su salida.
En torno a la selección y posterior elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, algunos profesionales del Derecho con amplio récord profesional, evitan postularse conocen antecedentes del pasado que los comisionados y los diputados, los seleccionan y los eligen, están vinculados narcos y corruptos, no quieren ser copartícipes de actos deshonestos. Se espera que los nuevos magistrados de tal entidad, reivindique a ese organismo, tomando en cuenta que su supremacía está regulada en la Carta Magna y quien la quebrante no es una persona digna.
